El escándalo de los informes sobre las renovables llegará a manos de Anticorrupción

El escándalo de los informes de las consultoras sobre las retribuciones a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos llegará a manos de la Fiscalía Anticorrupción. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha aprobado por unanimidad en la asamblea del pasado lunes llevar el caso ante la Fiscalía.

Con casi total seguridad, será el bufete Holtrop SLP el que prepare el documento legal para la Plataforma y que será enviado a las dependencias de la Fiscalía en las próximas semanas.

Aunque aun no hay decidido en qué presuntos delitos se habría incurrido por parte del Ministerio de Industria y sus representantes, fuentes jurídicas han señalado a este diario que "podría haber prevaricación por un lado, si realmente el Ministerio ha forzado a las consultoras a cambiar los datos, y por tanto, dictar una Orden errónea a sabiendas, y malversación por otro, en el caso de haber gastado dinero público en unos informes que no se han usado".

La semana pasada Industria envió al Tribunal Supremo todos los informes que tiene en su mano sobre energías renovables. Entre ellos, se esperaban los dos informes que, a través del IDAE, encargó a las consultoras Boston Consulting Group y Roland Berger. En la documentación que el Ministerio entregó al Alto Tribunal faltaba el informe de Boston Consulting.

Eso sí, Industria entregó un certificado del IDAE, fechado el 25 de febrero, en el que comunicaba la rotura del contrato con la consultora por continuo incumplimiento del contrato. Se desconocen realmente cuales fueron las causas.

Lo que sí se conoció fue el informe de Roland Berger. El documento fue realizado con fecha 31 de octubre de 2014, es decir, cuatro meses de firmar la orden de parámetros de retribuciones.

Entonces saltó el escándalo. El Gobierno dijo en noviembre de 2013 que contrató a las dos consultoras para realizar el cálculo de las retribuciones, y que a mediados de noviembre tendría en su mesa los informes, según había acordado con las firmas de consultoría. Pero hasta la semana pasada no se sabía nada de los informes. Y uno no está y el otro se hizo tarde, y encima realizado sobre los datos del IDAE.

Eso hizo que el sector renovables se pusiera de uñas. Clamaba al cielo. Están indignados con la actuación del Gobierno porque la orden ha repercutido en 3.000 millones de euros en el sector, ha costado miles de puestos de trabajo, cierres de empresas, miles de proyectos en quiebra total, etc. Todo sin un informe técnico que lo respaldara.

El caso de los CTC

Esta indignación se ha convertido en una posible querella contra el ministro Soria por parte de ICV, una gran manifestación, organizada por Anpier, ante el Ministerio (aún sin fecha) y esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Amén de los cientos de recursos que hay en el Supremo contra la orden.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha sido la que consiguió poner en un aprieto al anterior gobierno socialista y al actual con el caso de los CTC. Aunque finalmente la Fiscalía cerró el caso después de varios meses de investigación, la Plataforma volvió a la Fiscalía para que reabriera el caso de corrupción de 3.400 millones con las firmas de 143.000 ciudadanos.

Ahora la Plataforma no se quiere quedar de brazos cruzados y regresará a Anticorrupción para que se investigue hasta el fondo si realmente hubo mala praxis por parte del Ministerio.