La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha llamado a declarar en calidad de testigos a los miembros del Consejo de Administración de Abengoa, entre los que se encuentra el exministro José Borrell, que aprobaron las millonarias indemnizaciones que percibieron el expresidente Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores.
La magistrada ha dictado una providencia en la que cita entre el 22 y el 23 de junio a trece antiguos consejeros que dieron el pasado año 'luz verde' a los pagos de Benjumea y Sánchez Ortega, quienes están siendo investigados por delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.
En concreto, el 22 de junio escuchará a Santiago Seage, José Borrell --que actualmente es responsable de Asuntos Exteriores de la candidatura del PSOE--, Mercedes Gracia, Ricardo Martínez Rico y Alicia Velardo.
El día siguiente, comparecerán como testigos José Joaquín Abaurre, José Luis Aya, Ignacio Solís, Carlos Sundheim, Ricardo Hausman, Claudi Santiago Ponsa y José Domínguez Abascal, en el marco de la causa en la que investiga el pago de 11,48 millones a Benjumea y de 4,48 a Sánchez Ortega.
El fiscal José Perals pidió la ronda de testificales después de que el nuevo presidente de la empresa de energías renovables, Antonio Fornielles, explicara que la multinacional pagó a su antecesor 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y pacto de no competencia postcontractual y otros 7 millones por bonificación por permanencia que tenía reconocida en su contrato con la sociedad.
El Ministerio Público, que rechaza el archivo solicitado por las defensas de los dos acusados, recalca en un informe que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 "aparentar la marcha" de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de "asesor" del Consejo y cobrando un sueldo "idéntico" al que venía recibiendo como consejero.
Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la "mala situación" de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega.
Querella de los bonistas
La juez admitió hace meses la querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la "horrible" gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".
105 perjudicados
Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de perjudicados hasta alcanzar un número cercano a 105. Denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Las denuncias se canalizan a través de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que tiene habilitada la web 'www.perjudicadosabengoa.es'. Los abogados de esta organización precursora de la querella contra Benjumea son Felipe Izquierdo (Izquierdo Asociados) y Eliseo M. Martínez (Ius+Aequitas Abogados).
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