El fraude se expande como un virus en el sector de hidrocarburos

Dicen los expertos que con la crisis económica salen muchas oportunidades, pero también dicen que los pillos salen de las cloacas para campar a sus anchas. Y más sobre todo si la ley hace la trampa. Algo que suele ser habitual.

Y esto es lo que sucede en el sector de los hidrocarburos. Tanto la Guardia Civil como la Agencia Tributaria han llevado a cabo en los últimos años varias operaciones contra el fraude masivo en la venta de gasolinas. Más de 300 millones defraudados a la Hacienda Pública y a los consumidores.

La última de ellas, una operación de la Agencia Tributaria en la que ha desarticulado una organización dedicada al fraude en el IVA en los sectores de comercialización de productos petrolíferos, que habría defraudado más de 24 millones de euros.

En el marco de la operación, denominada 'El Dorado', y derivada de diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el pasado 7 de noviembre se desarrollaron un total de 14 entradas y registros en Galicia, Barcelona y Madrid y se procedió a la detención de dos personas de la trama en la capital catalana.

Según la Agencia Tributaria, el fraude en el ámbito de los hidrocarburos se concretaba mediante la apropiación de las cuotas de IVA que las sociedades de la organización deberían ingresar por sus ventas de hidrocarburos a las gasolineras.

Las entidades que operan en este sector tienen que ingresar importantes cantidades de IVA, ya que, al adquirir el carburante en un depósito fiscal (mayorista de hidrocarburos), no soportan el impuesto indirecto y, posteriormente, venden el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA. A partir de ese momento, los vendedores deben ingresar ese IVA casi en su totalidad. Sin embargo, las sociedades de la trama no hacían el ingreso y habían acumulado una deuda de más de 8 millones de euros.

Mediante esta mecánica de apropiación de las cuotas de IVA, la organización no sólo defraudaba a la Hacienda Pública, sino que ejercía una competencia desleal en el sector, dado que ello le permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecen los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes.

Algo parecido sucedió el pasado mes de junio. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), detuvieron a nueve personas como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales, dentro de la operación denominada “Reata”. En el desarrollo de las mismas se habrían constado varias estructuras criminales organizadas dedicadas a defraudar el IVA de importantes cantidades de hidrocarburos, estimándose en un total de 75 millones de litros, superando el fraude los 11 millones de euros desde el año 2014.

Adulteración de productos

Además del fraude del IVA, en los últimos años también se han llevado a cabo fraudes en los combustibles, es decir, adulteraciones de las gasolinas. Es el caso por ejemplo que se dio en la Operación Nehar en 2014.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una gran red nacional dedicada a comercializar gasóleo de automoción (tipo ‘A’) adulterado. Aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto que adquiría y el que vendía a gasolineras y transportistas, la red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, a lo que se sumaría la defraudación por determinar en el IVA y otros impuestos.

¿Por qué? Desde el año 2009, en que se eliminó el requisito legal de contar con una autorización administrativa para el ejercicio de la actividad como operador al por mayor de productos petrolíferos y se sustituyó por una comunicación y declaración responsable del interesado, se ha observado un incremento sustancial del número de compañías que defraudan el pago de impuestos y generan graves distorsiones en el mercado, al poder ofrecer precios más bajos y captar así una proporción significativa del consumo.

Esta situación se agrava en aquellas tramas en las que, además, se adultera gasóleo. Este fraude consiste en la manipulación de gasóleo agrícola y de calefacción (‘B’ y ‘C’), bonificados fiscalmente y no aptos para su uso en automoción, para eliminar los trazadores fiscales que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo ‘A’, y mezclarlo con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal.

La diferencia de tipos impositivos entre el producto que el operador adquiere y el que vende a gasolineras y transportistas, le permite defraudar millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, a lo que se sumaría la defraudación en el IVA y otros impuestos.

Se da también la circunstancia de que gran parte de estas compañías presuntamente defraudadoras tampoco mantienen los niveles obligatorios de existencias mínimas de seguridad ni reportan información a los organismos encargados de control de su nivel de cumplimiento como la Corporación de Reservas Estratégicas o el propio Ministerio de Energía.

Además, se produce la paradójica situación de que otro operador al por mayor al que estos operadores presuntamente defraudadores se dirigen para comprarle productos petrolíferos no podría negarles dicho suministro, puesto que los operadores peticionarios aparecen inscritos en el registro de la CNMC y los operadores al por mayor cumplidores de la legalidad se expondrían en tal caso a una posible denuncia por negativa de suministro.

La solución

El sector de hidrocarburos lleva varios años luchando contra esta lacra. Pero sin ningún resultado. Es más, desde la CNMC se ha seguido defendiendo a las nuevas empresas recién aterrizadas en el sector. Todo por la competencia. Pero sin control sobre las mismas se producen estos disparates.

Muchas de las empresas delictivas acaban vaciando esas compañías para que no tengan que devolver absolutamente nada. Algo parecido a lo que sucede en el sector eléctrico, donde las compañías que crean el fraude, desaparecen y los clientes son cambiados a una tercera que está limpia de polvo y paja.

Es por ello que desde el sector se exige volver al régimen de autorización previa y tomar medidas concretas para que estas situaciones anómalas e ilegales se detecten lo antes posible y, con ello, se minoren sus efectos dañinos para la Hacienda Pública, el mercado de distribución de carburantes y, fundamentalmente, los consumidores.

No hay que olvidar que el producto adulterado ha llegado a muchos de los coches de los consumidores, y han dañado gravemente los mecanismos de los mismos, produciendo a veces daños irreparables a los consumidores.