Las subastas de renovables de Álvaro Nadal comienzan a salir caras a algunas de las empresas adjudicatarias. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, el Gobierno, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, ha iniciado ya unos cuantos procedimientos para "solicitar la incautación de las garantías depositadas en cumplimiento del procedimiento de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación". Es decir, de algunos de los proyectos ganadores de subastas que no han cumplido con los requisitos.
Según la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, los participantes en las subastas de renovables de 2017, tanto la de mayo como la de julio, tenían que abonar unas garantías de 60 €/kW.
Las empresas ganadoras de la potencia adjudicada tenían que pasar un primer hito que era identificar la instalación. Tenían un plazo de seis meses para hacerlo tras haberse inscrito en el registro y participar en la subasta. Prácticamente todas lo hicieron. Si no se identificaba a tiempo, "la Dirección General de Política Energética y Minas de oficio procederá a la cancelación parcial de la garantía correspondiente a la potencia instalada correctamente identificada, con el límite de la potencia adjudicada, por un importe de 12 €/kW".
El siguiente paso o hito que deben cumplir los ganadores de la subasta es el de obtener la autorización administrativa para la construcción. En este caso, les daba otros seis meses más, es decir, un año desde que se celebrara la subasta. Si las empresas adjudicatarias no obtenían este permiso en ese plazo, el Gobierno ejecutaría 18€/kW de los 60 euros que abonaron al principio.
Según ha podido saber este diario, la incautación de las garantías por parte del Gobierno se debe a este segundo hito. Instalaciones que no han conseguido en su debido tiempo la autorización para construir dicha planta ya identificada en el régimen retributivo específico o que no han conseguido la autorización para toda la potencia adjudicada.
Estos proyectos perderán, como hemos dicho anteriormente, 18 €/kW. Pero, sin embargo, si este permiso lo han obtenido días o semanas después, pueden intentar construirlo antes de que se cumpla el tercer hito.
Este tercer paso es el de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación, es decir, que ya esté conectada la planta e inyectando electricidad al sistema. Si para el 31 de diciembre de 2019 las instalaciones ganadoras de las subastas perderán el resto de garantías, es decir 30 €/kW.
Se trata de la primera vez que este Gobierno incauta parte de las garantías económicas de proyectos de renovables. Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio para saber las cuantías incautadas pero no ha recibido respuesta.
Este pocedimiento pone en alerta a todo el sector ya que si no consiguen construir y conectar a tiempo las instalaciones ya definidas y autorizadas verán como pierden la mitad de las garantías. Cabe recordar que para una planta de 100 MW la mitad de las garantías serían de unos 3 millones de euros, una cifra nada despreciable.
Si por ejemplo, una instalación que no haya conseguido la autorización para construir o se haya retrasado mucho y no le dé tiempo a conectarla podría perder 48 €/kW, unos 4,8 millones en el caso de una instalación de 100 MW.
Esta acción del Gobierno pone en preaviso al resto de proyectos. En el sector no se creían que el Gobierno fuera a incautar las garantías ya que el timing era bastante ajustado y que iba a dar algún tipo de prórroga para conectarse. Pero de momento, eso no se va a producir, y el Ministerio parece que va a quedarse con buena parte de las garantías.
Aproximadamente unos 3.000 ó 4.000 MW de los casi 9.000 MW adjudicados no llegarán a tiempo. Algunos ya se han conectado durante estos meses de verano, pero no se espera a la gran mayoría hasta finales de año. Muchos proyectos van muy justos. Así, que el sector ya puede ir haciendo sus cálculos porque tendrá que conseguir otras vías para recuperar ese dinero, ya que han perdido los derechos de obtener el precio suelo de la subasta. Fuentes del mercado señalan que esa solución está en conseguir un buen PPA a 10 ó 15 años que le garantice un precio ad hoc o si no tendrá que ir a precio de mercado.
Víctor
09/10/2019