3 comentarios publicados En junio de 2014 la empresa británica InfraRed Environmental Infrastructure GP Limited llevaba a España ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial o como se denomina realmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Este fondo que pertenece al banco británico HSBC, poseía dos plantas termosolares y pedía a España una reclamación de 92 millones de euros por el recorte aplicado a su retribución. Cinco años después, en agosto de 2019 salió el laudo que le daba la razón y obligaba a España a pagar 28 millones de euros, más un 2% de interés anual previo y posterior al laudo, el coste del arbitraje y dos tercios de los honorarios legales de los inversores.
El Gobierno, como no pretende pagar ninguna de estas reclamaciones, siguió gastándose el dinero en defensas legales contra este y otra decena de casos que en ese momento ya habían perdido.
El recurso en el Ciadi lo volvió a perder el Gobierno. Pero eso ya fue en 2022. Un bufete español, Cuatrecasas le había ganado la partida a la Abogacía del Estado.
Como el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere pagar ninguna de estas condenas por los recortes a las renovables, las empresas que tienen ganadas estas reclamaciones en los tribunales de arbitraje internacionales comenzaron a ir a distintas jurisdicciones para reclamar bienes españoles en el extranjero para cobrarse la deuda. Australia o Reino Unido eran un ejemplo de ello.
Embargo de las cuentas del Instituto Cervantes
A inicios de este mes de abril, la justicia británica le dio la razón a Infrared en un embargo de bienes a España en Reino Unido. Concretamente, y según contó el diario El Confidencial, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres ha decretado el bloqueo de las cuentas de todos los institutos Cervantes de Reino Unido.
Este bloqueo de las cuentas se ha producido por la demanda que interpuso Infrared para poder cobrarse la reclamación ganada de 28 millones de euros. Realmente, se trata de una medida cautelar que solicitaron los demandantes. La cuestión va a más ya que Infrared y otros fondos solicitan el embargo no solo de las cuentas sino de biene inmuebles e incluso la reclamación del caso del prestige valorada en 1.000 millones de euros.
Tras ello, el Gobierno ha decidido contratar a uno de los mejores bufetes de abogados del mundo en arbitraje internacional para tratar de no perder estos bienes del Instituto Cervantes.
Se trata del neoyorquino Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP al que ha contratado directamente sin concurso ni nada por un valor de más de 1,7 millones de euros. Resolvió esta adjudicación en cuestión de días ya que se alcanzó el acuerdo el día 14 y se aprobó este 19 de abril.
Es una de las partidas de mayor gasto que ha realizado el Gobierno en defensa de sus intereses porm los casos del hachazo a la retribución de las renovables. Por ejemplo, en enero desembolsó 2,9 millones al bufete Simmons & Simmons en Luxemburgo para defender a España en varios casos.
Un despacho de primera
Pero en este concreto del Tribunal de Londres la defensa va a salir cara. Por un caso de 28 millones, el coste de la defensa de la Abogacía del Estado durante nueve años y algunos despachos de abogados es millonario y es posible encima que finalmente se pierdan los bienes.
El despacho Curtis, es según el directorio de la abogacía mundial Chambers, uno de los 10 mayores bufetes de abogados en arbitraje internacional. Lo sitúa en la banda 3 y habla así de él.
"Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle cuenta con un sólido equipo de expertos en arbitraje y PIL en toda su red. Los clientes se benefician de los recursos globales de la empresa ubicados en Nueva York, París, Londres, Dubái y Milán. La firma de abogados ofrece tanto representación de estados soberanos en disputas internacionales como experiencia actuando como abogado defensor en arbitrajes inversionista-Estado en los sectores de petróleo y gas, minería, banca y telecomunicaciones".
No es la primera vez que el Estado español recurre a él. Ya en enero de 2020 el Frob, a través del Ministerio de Economía, contrató a este despacho de abogados en el arbitraje internacional contra el Reino de España impulsado por Antonio del Valle ****ante las Naciones Unidas por la caída de Banco Popular.
JUAN J. ROJO
21/04/2023