El Gobierno convoca ayudas a proyectos empresariales alternativos al carbón por 40 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a convocar ayudas valoradas en 40 millones de euros destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2016.

Las ayudas serán de carácter plurianual y abarcarán los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2020. Para el año 2017 se reservan 7 millones, así como otros 7 para 2018, 6 para 2019, y 20 para 2020.

El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 contempla la aprobación de medidas de reactivación en las comarcas mineras, mediante el apoyo a proyectos empresariales que generen actividades económicas alternativas a la minería del carbón y creen puestos de trabajo.

Las bases reguladoras establecen 100.000 euros como inversión mínima subvencionable. Todos los proyectos objeto de ayudas, que serán a fondo perdido, deberán generar, como mínimo, tres puestos de trabajo, aunque se podrá reducir este compromiso en los municipios del grupo 1, que son aquellos muy afectados por el proceso de cese de empresas mineras. El empleo deberá mantenerse durante un período mínimo de tres años.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los expedientes será de seis meses a partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

Una vez publicada la resolución de concesión, se notificará individualmente a cada beneficiario y se harán constar aspectos como el nombre del proyecto, localización del mismo, importe de la inversión subvencionable, empleo nuevo a crear, cuantía máxima de la subvención o fechas máximas para cumplir los requisitos de inversión y creación del empleo y su mantenimiento.

Estas ayudas tendrán un impacto positivo en el desarrollo de la economía y el empleo de las comarcas mineras, y favorecerán el cumplimiento de los objetivos de cohesión económica, social y territorial que recomienda el Comité de las Regiones de la Unión Europea.