El Gobierno hará ‘tests de estrés’ a las comercializadoras para proteger a los consumidores

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha abierto una consulta pública previa para incorporar a la legislación española la Directiva (UE) 2024/1711, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 13 de junio de 2024. Esta norma introduce una profunda reforma en la configuración del mercado eléctrico europeo con el objetivo de reforzar la protección de los consumidores y aumentar la estabilidad del sistema ante situaciones de crisis energética.

Entre las principales medidas previstas destaca la realización de “tests de estrés” a las comercializadoras de electricidad. Estos ejercicios de supervisión servirán para evaluar la solvencia y la capacidad de resistencia de las empresas frente a incrementos abruptos de los precios en el mercado mayorista. Con ello se busca prevenir el riesgo de quiebra de las compañías en contextos de alta volatilidad y garantizar la continuidad del suministro a los consumidores.

La introducción de estos mecanismos responde a las lecciones aprendidas tras la crisis energética que comenzó en el segundo semestre de 2021, una situación sin precedentes en la historia del proyecto europeo por su duración y su impacto en los hogares, las empresas y la competitividad industrial. La invasión rusa de Ucrania en 2022 agravó este escenario al disparar el precio del gas natural y de la electricidad hasta niveles nunca antes registrados, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema energético europeo.

Derecho al consumo de energía compartida

La nueva directiva también pretende impulsar la participación activa de los consumidores en el mercado y garantizar que dispongan de ofertas de suministro a precio fijo, desligadas de la volatilidad del mercado mayorista. Asimismo, introduce la posibilidad de que los usuarios con varios puntos de consumo puedan contratar la electricidad con distintos comercializadores al mismo tiempo, manteniendo un único punto de suministro. Con esta medida se busca adaptar el mercado a los nuevos hábitos de consumo derivados del proceso de electrificación de la economía y del auge de las energías renovables.

Otra de las novedades relevantes es el reconocimiento del derecho al consumo de energía compartida, que permitirá a ciudadanos y empresas colaborar en el uso y la producción de energía renovable. Este nuevo modelo, que promueve la cooperación y la sostenibilidad, dependerá de cómo se articule su transposición a la legislación nacional.

Permisos de acceso flexible

La directiva introduce además los denominados permisos de acceso flexible, concebidos como acuerdos de conexión en zonas con capacidad de red limitada o inexistente. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya trabaja en su desarrollo tanto en la red de distribución como en la de transporte, lo que facilitará la adaptación de la normativa nacional a los nuevos estándares europeos.

Para asegurar una aplicación efectiva de estas reformas, el MITECO ha abierto un periodo de consulta pública que permanecerá disponible desde el 13 hasta el 27 de octubre de 2025. A través de este proceso el equipo de Aagesen busca recabar las opiniones y aportaciones de los agentes del sector sobre los principales aspectos de la transposición, entre ellos la libertad de elección de suministrador, la obligación de ofrecer precios fijos, los mecanismos más adecuados para realizar los tests de estrés o las condiciones del consumo compartido de energía.