Las comercializadoras independientes defienden una regulación proporcionada frente a la prohibición de las llamadas comerciales

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) expresa su confianza en que el Gobierno apueste por una regulación adecuada y proporcionada, en lugar de una prohibición total de las llamadas comerciales en el sector eléctrico, tal y como se contempla en el proyecto de Real Decreto del Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica.

Hace más de un año que se celebró la Audiencia e Información Pública de este proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que se establecía que “el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”. En la práctica, esta medida supondría la prohibición de las llamadas comerciales en el ámbito eléctrico.

Desde ACIE, como principal asociación de comercializadores independientes, se ha defendido siempre la necesidad de erradicar las malas prácticas comerciales, pero desde un enfoque que mejore la transparencia y la regulación, no que elimine canales de comunicación con el consumidor.

Las comercializadoras independientes

“Las llamadas son una herramienta válida y eficaz para que el consumidor pueda conocer y comparar distintas ofertas y servicios energéticos. Al igual que otros canales, tiene ventajas e inconvenientes, pero su prohibición supondría un retroceso en la libertad de elección del usuario”, afirma Julio César Nieto, presidente de ACIE.

La propia Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 66.1.b, ya establece mecanismos para evitar las llamadas no deseadas, garantizando la protección del consumidor sin necesidad de recurrir a restricciones absolutas. Asimismo, se ha mejorado el control a través de la regulación de una numeración específica.

Por ello, ACIE espera que los últimos trámites legislativos del Real Decreto se orienten hacia una mejora y adaptación de la regulación existente, recogiendo las propuestas planteadas por los distintos agentes del sector. En particular, se considera esencial mantener la posibilidad de utilizar el canal telefónico para la contratación con pymes, así como con particulares, siempre que conste un interés legítimo conforme a los términos establecidos por la autoridad de protección de datos y la CNMC en junio de 2023.

El objetivo debe ser ofrecer al consumidor el mayor número de canales de comunicación posibles, asegurando su protección y evitando los perjuicios derivados de medidas excesivamente restrictivas.