Renovables  ·  Política energética

El Gobierno lanza a información pública la nueva regulación de la eólica marina

La propuesta normativa plantea otorgar de forma simultánea, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, tanto el régimen económico de energías renovables como la reserva de la capacidad de acceso a la red y la concesión de uso del dominio público marítimo terrestre

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha dado inicio a la audiencia pública del proyecto de Real Decreto que regulará la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, principalmente la eólica marina, tal y como ya adelantamos en este medio. Esta medida, que forma parte de una serie de acciones encaminadas hacia la sostenibilidad energética, busca potenciar la generación de energía limpia aprovechando el vasto potencial de los recursos marinos.

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La propuesta normativa plantea otorgar de forma simultánea, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, tanto el régimen económico de energías renovables como la reserva de la capacidad de acceso a la red y la concesión de uso del dominio público marítimo terrestre. Este nuevo marco normativo, que afectará a las instalaciones eólicas marinas y otras fuentes de energía marina en el territorio marino bajo jurisdicción española, permitirá la asignación simultánea del Régimen Económico de Energías Renovables y la reserva de capacidad de acceso a la red eléctrica, junto con la concesión del dominio público marítimo-terrestre por un plazo máximo de 30 años.

Esta iniciativa pretende agilizar y optimizar los trámites administrativos para impulsar la implantación de parques eólicos marinos y otras fuentes renovables en el territorio marino bajo jurisdicción española.

Más de 3.000 MW optan a la primera subasta de eólica marina en Gran Canaria
La eólica marina está a punto de experimentar un gran impulso en España con la primera subasta de proyectos en este ámbito, y Gran Canaria se posiciona como uno de los epicentros de esta revolución energética.

Además de los criterios económicos y técnicos habituales, los concursos para la asignación de estos derechos tendrán en cuenta otros aspectos, como la ocupación del espacio, la minimización del impacto ambiental, planes de desmantelamiento al final de la vida útil de los equipos, creación de empleo local, participación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su impacto en otros sectores económicos como la pesca.

Objetivos y POEM

Según los objetivos establecidos en la Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, así como en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, se pretende alcanzar hasta 3 GW de energía eólica marina y hasta 60 MW de otras fuentes renovables marinas para el año 2030. Este desarrollo planificado no solo busca aumentar la capacidad energética del país, sino que también se enfoca en ser respetuoso con el medio ambiente y compatible con otros usos y actividades en el mar.

Además, España cuenta con una posición privilegiada en el terreno de las energías marinas emergentes. Con sectores eólicos y navieros potentes, además de ser un referente europeo en investigación y desarrollo, el país se sitúa en la vanguardia de la innovación en este campo. Instituciones como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), la Plataforma de Energía Marina de Vizcaya (BiMEP) o la Zona experimental de aprovechamiento de energías marinas de Punta Langosteira (A Coruña) destacan como ejemplos de la apuesta española por la investigación y la implementación de tecnologías renovables marinas.

Para materializar estos objetivos, el MITECO ha aprobado los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, una herramienta de zonificación que define los diferentes usos del mar, incluyendo la producción energética. Estos planes contemplan la creación de 19 Zonas de Alto Potencial (ZAP) para la instalación de aerogeneradores marinos, abarcando una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0,46% de las aguas territoriales españolas.

Un comentario

  • Calasparra

    17/09/2024

    Abuso del Real Decreto para que no pase por el parlamento y los socios de investidura no puedan objetar, al menos de momento. Decreto a medida, no se establecen garantías mínimas sobre el impacto socioeconómico ni participación mínima de entes locales, auditorias externas ni responsabilidad civil subsidiaria. Un despropósito al servicio de las grandes empresas energéticas que tantas puertas giratorias tienen con este gobierno y los anteriores.

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