El Gobierno lanza la segunda edición del Plan Moves: con ayudas de hasta 5.500 euros para la compra de vehículos alternativos

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, han anunciado que la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves II) incluirá ayudas de hasta 5.500 euros a la compra de un vehículo de energías alternativas y la obligación de achatarramiento de un modelo para obtener esta subvención pasará a ser opcional.

Así lo han señalado en la conferencia 'La Movilidad Eléctrica ante el nuevo escenario mundial' organizada por Aedive, donde ambos han explicado que el nuevo plan de incentivos a la compra de modelos más sostenibles contará con un 40% más de presupuesto, llegando hasta los 65 millones de euros, tal y como adelantó 'La Tribuna de Automoción'.

De esta manera, el Gobierno ofrecerá ayudas para la adquisición de vehículos alternativos que oscilarán entre los 4.000 euros y los 5.500 euros, dependiendo de si se envía al desguace o no un vehículo antiguo.

Además, se ampliará la flexibilidad en la asignación de los fondos entre las distintas líneas que se subvencionan: la adquisición de automóviles, infraestructuras de recarga, sistemas de bicicleta eléctrica compartida y medidas contenidas en planes de transporte al trabajo.

Hasta el 70% para comprar coches

En este sentido, se ha elevado el límite máximo que se puede destinar a la línea 1 de compra de coches del 50% de la edición anterior al 70% en el nuevo Moves. Por otro lado, y para facilitar las opciones de los beneficiarios que quieran acogerse a las ayudas, se facilitará la gestión de las adquisiciones por renting.

Asimismo, también se habilitará que las comunidades autónomas puedan dar un anticipo a los beneficiarios que lo soliciten y tengan la resolución positiva para facilitar que puedan llevar a cabo la inversión correspondiente.

En otro orden de cosas, también se contemplará la posibilidad de que las propias comunidades o ciudades autónomas puedan reservar una parte del presupuesto para sus propias actuaciones, por ejemplo, adquisición de vehículos para la flota autonómica.