Ningún comentario El Gobierno limitará al 15% la subida de la tarifa regulada de gas natural a partir del próximo 1 de octubre y mantendrá en 19,55 euros el precio máximo de la bombona de butano. El Consejo de Ministros aprobará este martes ambas medidas dentro del tercer paquete de respuesta del Ejecutivo a la crisis energética provocada por la escalada de tensión en Oriente Medio, con el objetivo de contener el impacto de la volatilidad de los mercados sobre los consumidores de cara al próximo invierno.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado las dos medidas a su llegada a la reunión informal de ministros de Energía de la Unión Europea que se celebra en Dublín. Se trata de mecanismos que el Gobierno ya puso en marcha durante la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania y que ahora recupera ante el repunte de los precios energéticos.
Aagesen ha advertido de que, sin la aplicación de este límite, la revisión de la tarifa de último recurso (TUR) prevista para el 1 de octubre habría supuesto una subida superior al 45% para los hogares acogidos a esta tarifa. "Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento", ha señalado la ministra, que ha defendido ambas actuaciones como "medidas fundamentales para proteger" a consumidores y empresas ante la situación de vulnerabilidad provocada por el encarecimiento de la energía.
La TUR volverá a estar protegida
La TUR de gas natural se revisa trimestralmente, los días 1 de enero, abril, julio y octubre, y su valor se publica en el Boletín Oficial del Estado. Pueden acogerse a ella los consumidores conectados a redes de gas natural con una presión inferior o igual a cuatro bares y un consumo anual de hasta 50.000 kWh. Su aplicación también se extendió durante la anterior crisis energética a las comunidades de propietarios con calefacción central de gas y a las empresas de servicios energéticos que les prestan servicio.
El mecanismo de contención que aprobará ahora el Gobierno impedirá que la subida prevista para octubre se traslade íntegramente a la factura de los consumidores. El límite se fija en el 15%, en un momento en el que la evolución de los mercados internacionales está elevando la presión sobre los costes energéticos.
El Ejecutivo ya recurrió a una fórmula similar en 2022. Entonces limitó el incremento del coste de la materia prima que se trasladaba a la TUR al 15%, lo que permitió contener las revisiones trimestrales en torno al 5%. La medida se mantuvo durante la crisis energética y se complementó con la creación de la denominada TUR vecinal para las comunidades de propietarios con calefacción central.
Ahora, ante una nueva escalada de los mercados energéticos, el Gobierno recupera este mecanismo de protección para evitar un incremento brusco de la factura del gas justo al inicio de la temporada de calefacción.
El butano se queda en 19,55 euros
El segundo mecanismo de protección afectará a la bombona de butano. El Consejo de Ministros mantendrá su precio máximo en 19,55 euros, el mismo nivel que ya se estableció durante la crisis energética de 2022.
La medida busca evitar que el incremento de los costes energéticos se traslade directamente al precio que afrontan los consumidores de gases licuados del petróleo envasados. Al igual que en el caso de la TUR, se trata de una actuación de carácter temporal destinada a amortiguar el impacto de la volatilidad de los mercados.
Aagesen ha situado ambas decisiones dentro de una respuesta más amplia del Gobierno ante la actual crisis energética. La prioridad inmediata, ha defendido, pasa por proteger a los consumidores más expuestos, aunque la ministra ha insistido en que la respuesta estructural debe ser diferente: reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles.
Acelerar las renovables
La vicepresidenta ha defendido en Dublín que las dos crisis energéticas sufridas por Europa en un periodo relativamente corto ponen de manifiesto la vulnerabilidad que supone mantener una elevada dependencia de los combustibles fósiles y de los mercados internacionales.
A su juicio, Europa estará "mejor preparada cuando apuesta por la transición energética", por lo que ha reclamado continuar acelerando el despliegue de energías renovables, redes, almacenamiento y electrificación.
Aagesen ha reivindicado en este contexto la evolución del sistema energético español. Según ha señalado, España ha incrementado un 150% su capacidad renovable y en 2025 las fuentes renovables representaron el 57% del mix eléctrico. Este mayor peso de las tecnologías renovables, ha defendido, ha permitido reducir la exposición del sistema eléctrico a la volatilidad asociada al gas.
La ministra ha recordado además que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cifró recientemente en unos 90.000 millones de euros los costes adicionales derivados de la volatilidad de los mercados energéticos. Una situación que, en opinión de Aagesen, obliga a "redoblar los esfuerzos" para acelerar la transición energética.
España pide un objetivo renovable ambicioso para 2040
En paralelo a las medidas de emergencia, España, Portugal y Luxemburgo han remitido una carta al comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, para reclamar que el nuevo marco energético de la Unión Europea posterior a 2030 incluya un objetivo "claro" y "ambicioso" para las energías renovables en 2040.
Aagesen considera que establecer este objetivo permitirá ofrecer mayor certidumbre a los inversores, reforzar la autonomía energética europea y avanzar al mismo tiempo hacia la meta comunitaria de reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040 respecto a 1990.
La vicepresidenta ha expresado su confianza en que otros Estados miembros se sumen a esta posición y en que la propuesta que la Comisión Europea prevé presentar a finales de año mantenga un elevado nivel de ambición en materia de renovables.
La estrategia que defiende España pasa así por combinar la protección inmediata frente a la escalada de los precios con una reducción estructural de la exposición a los combustibles fósiles. Mientras el Gobierno vuelve a limitar temporalmente el impacto del gas y del butano sobre los consumidores, reclama a Bruselas que mantenga el rumbo de la transición energética con más renovables, redes, almacenamiento y electrificación.
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