El Gobierno obligará a las ‘telecos’ a instalar baterías en sus antenas para no perder cobertura en caso de apagones

El Gobierno obligará a los operadores de telecomunicaciones a reforzar la resiliencia energética de sus redes móviles tras el apagón eléctrico total del 28 de abril de 2025, que provocó la caída progresiva de la telefonía móvil y evidenció la vulnerabilidad de unas infraestructuras consideradas críticas para la seguridad y el funcionamiento del país.

Según ha adelantado el diario Expansión, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, ultima un Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas que exigirá a Telefónica, Orange, Vodafone y Digi dotar de sistemas de respaldo energético a las antenas que proporcionan cobertura al 75% de la población española.

La nueva normativa establecerá que las estaciones base móviles deberán contar con baterías u otros sistemas de respaldo capaces de garantizar un mínimo de cuatro horas de funcionamiento en caso de interrupción del suministro eléctrico. El objetivo es que esta capacidad esté plenamente desplegada antes de finales de 2029 o principios de 2030, es decir, en un plazo de tres años desde la entrada en vigor del real decreto.

La medida supone una rebaja respecto a las primeras intenciones del Ejecutivo, que contemplaban exigir cobertura de respaldo para el 85% de la población. El proyecto inicial del real decreto establecía que la red de acceso móvil debía garantizar cuatro horas de operatividad para ese porcentaje de ciudadanos. Sin embargo, el Ministerio ha reducido el umbral al 75% tras las alegaciones presentadas por el sector.

Fuentes del sector consideran que este recorte permitirá aliviar significativamente el impacto económico de la medida. Con el nuevo objetivo, cada operador tendrá que instalar baterías en unas 10.700 torres, frente a las cerca de 12.800 que serían necesarias para alcanzar una cobertura del 85%. La reducción de unas 2.100 infraestructuras, equivalente al 16%, rebajaría la inversión media por red desde más de 70 millones de euros hasta alrededor de 60 millones, sin contar los costes posteriores de gestión, mantenimiento y sustitución de las baterías.

Reforzar la seguridad ante emergencias

El futuro real decreto se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar la seguridad y la continuidad de las comunicaciones electrónicas ante emergencias, desastres naturales o incidentes de ciberseguridad. El texto considera esenciales las redes de telecomunicaciones y las infraestructuras digitales asociadas, y obliga a los operadores a elaborar planes específicos de contingencia para distintos escenarios, entre ellos apagones eléctricos, inundaciones, incendios, terremotos o ciberataques.

Además, la norma establece diferentes niveles de protección para las infraestructuras críticas. Las instalaciones consideradas esenciales de primer nivel deberán garantizar una autonomía mínima de 24 horas; las de nivel intermedio, de 12 horas; y el resto de las infraestructuras, de al menos cuatro horas. También prevé que estas instalaciones tengan prioridad en la reposición del suministro eléctrico y en el acceso a combustible durante situaciones de emergencia.

El apagón del pasado abril llevó al Gobierno a acelerar la tramitación de esta regulación tras comprobar cómo la pérdida de cobertura móvil agravó la sensación de incertidumbre entre la población y dificultó las comunicaciones en un momento crítico. El texto refuerza igualmente las obligaciones de información y coordinación con las autoridades, obligando a las operadoras a notificar cualquier incidente significativo en un plazo máximo de una hora desde que tengan conocimiento de él.

Papel estratégico de las baterías

La iniciativa, no obstante, ha sido recibida con recelo por las compañías de telecomunicaciones, que consideran que la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico no debería recaer sobre el sector, sino sobre las empresas energéticas. Pese a ello, las operadoras reconocen que la rebaja del umbral del 85% al 75% y el plazo de tres años para ejecutar las inversiones han reducido parte de la oposición inicial.

Fuentes del sector consultadas por El Periódico de la Energía sostienen que la principal lección del apagón es que todas las infraestructuras críticas deben reforzar su resiliencia. En este contexto, consideran que el despliegue de sistemas de almacenamiento energético en las antenas de telecomunicaciones contribuirá a mantener operativos los servicios esenciales en situaciones excepcionales y aumentará la capacidad de respuesta del país ante futuras emergencias.

Estas fuentes subrayan, además, que la medida pone de relieve el papel estratégico que desempeñarán las baterías y otras tecnologías de almacenamiento en la resiliencia y flexibilidad de las infraestructuras críticas, un ámbito que el Gobierno aspira a situar entre los más avanzados de Europa.