El Gobierno ha planteado en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 la posibilidad de financiar con cargo al superávit eléctrico ayudas para instalaciones renovables conectadas a la red en territorios no peninsulares susceptibles de ser cofinanciadas con Fondos Feder.
La cuantía máxima de la ayuda con cargo al sistema eléctrico sería de 60 millones de euros, según una de las disposiciones adicionales incluidas en el proyecto de ley remitido al Congreso.
La legislación vigente establece que, en principio, los eventuales superávit se destinen a reducir la deuda acumulada del sistema, que superaba los 23.000 millones de euros al cierre del pasado ejercicio.
De acuerdo con esa disposición adicional, con efectos desde 2017 se podrán convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión para instalaciones renovables conectadas al sistema eléctrico con cargo al superávit eléctrico "generado hasta la entrada en vigor de la presente ley".
Los proyectos deben abordarse en territorios no peninsulares y poder ser cofinanciados con Fondos Feder.
En otra disposición adicional incluida también en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno plantea que el superávit previsto del sistema eléctrico pueda destinarse este año, "de forma excepcional", al pago de indemnizaciones por la ejecución de sentencias firmes derivadas de la normativa del sector.
Este uso debe determinarse mediante Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
A falta de la última liquidación, la número catorce, se prevé que el sistema eléctrico cierre con superávit el ejercicio 2016, que sería el tercero consecutivo después de los registrados en 2014 y 2015.
Anteriormente, el sistema había encadenado catorce años de déficit, ya que los ingresos no habían sido suficientes para cubrir los costes reconocidos.
La deuda del sistema eléctrico, resultado de estos años de déficit, se situó en 23.070 millones al cierre de 2016, un 7,9 % menos que al término de 2015, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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