El Gobierno quiere que los desastres climáticos los financien los beneficios de petroleras y gasistas

España quiere llevar a Bruselas una propuesta para que una parte de los costes crecientes derivados de los fenómenos climáticos extremos recaiga sobre los beneficios del sector de petróleo y gas. Así lo plantea el Gobierno en un documento de posición, un non-paper, en el que reclama un marco europeo más ambicioso para reforzar la adaptación al cambio climático y propone la creación de un European Climate Resilience Levy, un gravamen sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que se convertiría en un nuevo recurso propio de la Unión Europea.

La propuesta española parte de una realidad que, según el documento, está elevando de forma acelerada el coste económico de la emergencia climática. Los Estados miembros de la UE han acumulado 822.000 millones de euros en pérdidas asociadas a fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacionados con el clima desde 1980, mientras que solo entre 2021 y 2024 las pérdidas alcanzaron aproximadamente 208.000 millones de euros. El Gobierno advierte además de que los episodios extremos del verano podrían reducir alrededor de un 1% el PIB comunitario en 2026 y que, bajo un escenario de elevado calentamiento, las pérdidas podrían alcanzar el 2,3% del PIB en 2050 y cerca del 7% en 2090.

Mecanismos de financiación

Ante este escenario, España considera que los actuales mecanismos de financiación de la adaptación resultan insuficientes y reclama una arquitectura financiera europea específica para hacer frente a unos riesgos que, según sostiene, ya no pueden abordarse únicamente mediante respuestas nacionales y reactivas. El documento defiende que los fenómenos climáticos complejos, sistémicos, transfronterizos y en cascada requieren mecanismos de corresponsabilidad, coordinación e inversión conjunta entre los Estados miembros.

El nuevo gravamen sobre los beneficios de las compañías de petróleo y gas se plantea precisamente como una de las vías para cerrar esa brecha de financiación. España propone que los ingresos obtenidos mediante este instrumento se incorporen como un nuevo recurso propio europeo, dentro de un paquete más amplio de mecanismos fiscales innovadores destinados a financiar la resiliencia climática. Entre las alternativas citadas figura también la aplicación de gravámenes relacionados con el clima, como los vinculados al transporte aéreo.

La iniciativa se apoya en el principio de "quien contamina paga", ya recogido en la legislación medioambiental europea, y en el principio de responsabilidad ampliada del productor. La propuesta española pretende así trasladar parte de los costes ambientales y climáticos a los sectores vinculados a las actividades que contribuyen a generarlos, al tiempo que crea una fuente estable de recursos para financiar las medidas necesarias para adaptar las economías europeas a un clima cada vez más extremo.

España reclama además la creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación Climática, que debería complementar los instrumentos que se incorporen al próximo Marco Financiero Plurianual y, en particular, la ventana verde y de descarbonización del Fondo Europeo de Competitividad. El objetivo sería dotar a la política europea de adaptación de una financiación propia y suficiente, en lugar de depender exclusivamente de la reasignación de recursos existentes.

La propuesta española no se limita, sin embargo, a crear nuevos ingresos. El Gobierno plantea que la resiliencia climática se integre de forma transversal en la arquitectura financiera de la UE y que los criterios de adaptación tengan un peso explícito en el diseño del próximo presupuesto comunitario. También reclama que las inversiones públicas nacionales destinadas a reforzar la resiliencia estructural y verde puedan ser tenidas en cuenta dentro de la National Escape Clause, cuando resulte aplicable y de acuerdo con las condiciones establecidas.

Protección frente a las pérdidas

El non-paper español plantea asimismo reforzar la protección frente a las pérdidas provocadas por fenómenos extremos mediante la creación de instrumentos financieros comunes. Entre ellos figura un sistema europeo de reaseguro público-privado para cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, con un mecanismo de mutualización del riesgo entre los Estados miembros que permita ampliar la cobertura, diversificar la exposición y aprovechar economías de escala. El esquema estaría financiado mediante primas.

España contempla incluso la posibilidad de recurrir a bonos de riesgo climático, que activarían sus pagos cuando se produjeran episodios extremos, diversificando de esta forma el riesgo y contribuyendo a crear un nuevo mercado financiero de dimensión global. La propuesta pretende combinar así financiación pública, mecanismos fiscales y herramientas privadas para hacer frente a una factura climática que el Gobierno considera cada vez más difícil de asumir con los instrumentos actuales.

El documento sitúa estas propuestas dentro de una reforma más amplia de la política europea de adaptación. España reclama objetivos de adaptación vinculantes a escala comunitaria, tanto a corto como a medio y largo plazo, y considera prioritario acelerar las actuaciones en sectores especialmente expuestos, como agua, salud, infraestructuras, bosques y biodiversidad, turismo, agricultura y pesca. Posteriormente, estos objetivos deberían extenderse al conjunto de los sectores económicos y sociales.

Entre las novedades que defiende figura también la evolución del principio europeo de Do No Significant Harm (DNSH) hacia un enfoque de "DNSH + Resilience" (DNSH+R). Con ello, España pretende que los proyectos y las inversiones no solo eviten causar un perjuicio ambiental significativo, sino que además incorporen de manera explícita los riesgos climáticos y contribuyan a reforzar la capacidad de adaptación.

El Gobierno considera igualmente necesario mejorar la anticipación de los riesgos. Para ello propone evaluaciones climáticas quinquenales a escala europea, nacional y regional, basadas en criterios científicos comunes y apoyadas en herramientas como Climate-ADAPT y Copernicus. Estas evaluaciones deberían incorporarse de manera sistemática a la planificación pública, las inversiones y las decisiones de política sectorial, incluyendo escenarios extremos y riesgos de baja probabilidad pero elevado impacto.

Respuesta ante las emergencias

La respuesta ante las emergencias también ocupa un lugar central en la propuesta. España reclama un sistema europeo permanente de respuesta a emergencias climáticas que amplíe y transforme los actuales mecanismos de rescEU en una capacidad integrada de despliegue rápido. El planteamiento incluye una reserva reforzada de recursos compartidos, herramientas avanzadas de respuesta, sistemas de intercambio de datos, formación, protocolos comunes y capacidades logísticas escalables, además de una posible flota europea específica para combatir incendios.

La propuesta española parte de una especial preocupación por el impacto del cambio climático en el sur de Europa. El documento destaca que el Mediterráneo se está calentando un 20% más rápido que la media mundial y que los países del sur están sufriendo con especial intensidad olas de calor, escasez de agua, incendios extremos y desertificación. En este contexto, España defiende que la adaptación debe incorporar también una dimensión de justicia social, dado que la vulnerabilidad climática está estrechamente relacionada con las desigualdades sociales y económicas.

El objetivo último del Gobierno es que la futura política europea de resiliencia climática combine una evaluación científica de los riesgos, objetivos vinculantes de adaptación, una respuesta conjunta ante las emergencias y un sistema financiero capaz de movilizar recursos públicos y privados. En este último punto se encuentra una de las principales apuestas españolas: que la lucha contra los efectos cada vez más costosos del cambio climático cuente con una nueva fuente de financiación europea procedente de los beneficios del petróleo y el gas.