Ningún comentario Berkeley Energia eleva la presión sobre España por el bloqueo de su proyecto de mina de uranio en Salamanca. La compañía australiana ha confirmado en su informe anual correspondiente al ejercicio cerrado en junio de 2026 que el arbitraje internacional que mantiene contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) entra en una nueva fase y que la primera vista del procedimiento está prevista para mediados de 2027. La minera reclama al Estado una compensación de 1.250 millones de dólares por las actuaciones que, según su versión, vulneraron varias disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía.
El procedimiento ya está formalmente abierto ante el CIADI, por lo que 2027 no será el año de llegada del caso al organismo, sino el momento en el que se celebrará la primera audiencia dentro de un proceso que se ha dividido en dos fases. El tribunal ha decidido abordar primero las objeciones jurisdiccionales relacionadas con la denominada denial of benefits y, posteriormente, si corresponde, entrará en el fondo de la reclamación y en la cuantificación de los daños.
La audiencia de esta primera fase está fijada para mediados de 2027, después del intercambio de los escritos procesales correspondientes, entre ellos el memorial, el contra-memorial, la réplica y la dúplica. La decisión de dividir el procedimiento se produjo después de que España solicitara la bifurcación del caso tras la presentación por Berkeley de su memorial de demanda.
Disputa
Berkeley inició formalmente el arbitraje en mayo de 2024, cuando su filial Berkeley Exploration presentó ante el CIADI una solicitud de arbitraje por las inversiones realizadas en España a través de Berkeley Minera España y vinculadas al proyecto de Salamanca. Posteriormente, en febrero de 2026, la compañía presentó su memorial de demanda, en el que elevó su reclamación hasta 1.250 millones de dólares. El documento incorpora los antecedentes del proyecto y del conflicto, los argumentos jurídicos de la demanda, declaraciones de testigos y distintos informes de expertos independientes sobre aspectos técnicos, regulatorios y económicos del caso.
La disputa se encuentra estrechamente vinculada a la situación administrativa del proyecto de uranio de Salamanca, que Berkeley pretende llevar a producción desde hace años. La compañía recuerda en su informe que en 2021 recibió la notificación formal de MITECO por la que se rechazaba su solicitud de la autorización NSC II, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera ese mismo año un informe desfavorable. Berkeley sostiene que la evaluación del regulador fue arbitraria y que los requisitos exigidos no se correspondían con el marco regulatorio ni con los criterios aplicados en otros procesos de autorización de instalaciones radiactivas en España. Estas afirmaciones corresponden a la posición de la empresa y forman parte de los argumentos que ha trasladado al procedimiento arbitral.
El conflicto administrativo se ha prolongado además por la vía judicial. El informe recoge que en abril de 2023 Berkeley Minera España presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para intentar revertir la decisión de MITECO. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, Berkeley recibió las notificaciones del Tribunal Superior de Justicia relativas a recursos presentados por la Plataforma Stop Uranio y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes que llevaron a la revocación de las autorizaciones AEUL y UL concedidas anteriormente al proyecto.
Pese al litigio, Berkeley mantiene que su objetivo continúa siendo desarrollar la mina y llevarla a producción. El proyecto de Salamanca cuenta, según el informe anual, con un recurso mineral de 89,3 millones de libras de uranio, con más de dos tercios clasificado dentro de las categorías Medida e Indicada. La compañía sostiene además que el proyecto podría convertirse en uno de los productores de uranio de menor coste del mundo, según el estudio definitivo de viabilidad publicado en 2016.
Berkeley presenta el proyecto como una pieza potencial para la seguridad de suministro energético de España y de la Unión Europea. La compañía calcula que, una vez operativo, podría producir más de cuatro millones de libras de uranio al año, volumen que, según sus propias estimaciones, equivaldría aproximadamente al 10% del consumo total europeo de uranio o a más de un tercio de la energía generada en España.
La minera australiana asegura, pese al procedimiento internacional, que continúa abierta a alcanzar una solución negociada con España. En su informe afirma que mantiene su compromiso con el proyecto de Salamanca y que está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas para buscar una salida amistosa a la situación de los permisos. Al mismo tiempo, advierte a sus accionistas de que no existe garantía de que el arbitraje vaya a resolverse a su favor y de que el resultado podría tener un impacto material sobre sus valores.
Impacto directo en las cuentas
El enfrentamiento con España también está teniendo un impacto directo en las cuentas de Berkeley. La compañía cerró el ejercicio con unas pérdidas netas de 8,7 millones de dólares, frente a los 5,43 millones del ejercicio anterior. Entre los principales conceptos que explican el resultado figuran los 4,69 millones de dólares destinados a los procedimientos arbitrales contra España, más del doble de los 2,16 millones contabilizados un año antes.
A 30 de junio de 2026, Berkeley disponía de 62,44 millones de dólares en efectivo, frente a los 73,59 millones de un año antes. Los activos netos se situaron en 70,72 millones de dólares, un 13% menos que al cierre del ejercicio anterior. La compañía señala que su prioridad sigue siendo obtener las autorizaciones necesarias para comenzar la construcción de la mina de Salamanca y avanzar hacia su puesta en producción.
En paralelo al conflicto por el uranio, Berkeley está intentando ampliar su presencia en el negocio de las materias primas críticas. La compañía ha identificado en su proyecto Conchas, también en Salamanca y próximo a la frontera portuguesa, un recurso mineral inferido de 11,8 millones de toneladas, con un 0,41% de óxido de litio y un 0,21% de óxido de rubidio. El cálculo se traduce en unos 49.000 toneladas de óxido de litio contenido y 25.200 toneladas de óxido de rubidio.
Berkeley destaca especialmente el potencial del rubidio, una materia prima utilizada en sectores como la defensa, la industria aeroespacial, las comunicaciones, la medicina y las tecnologías energéticas. El litio, por su parte, está considerado por la Unión Europea como materia prima crítica y estratégica debido a su importancia para las baterías, la descarbonización y la seguridad energética. No obstante, la propia compañía advierte de que el recurso de Conchas está clasificado íntegramente como inferido y que un recurso mineral no equivale a una reserva, por lo que todavía son necesarios estudios económicos y otros factores para determinar su eventual explotación.
Estrategia de diversificación
La estrategia de diversificación se extiende incluso a Portugal. Berkeley ha solicitado derechos de prospección y exploración sobre una superficie de 219 kilómetros cuadrados en el distrito de Guarda, en los municipios de Sabugal y Almeida. La solicitud incluye litio y rubidio, además de cobre, plomo, zinc, plata, oro, antimonio, estaño, wolframio, tantalio y otros minerales.
La compañía ha reforzado además su presencia en España con la incorporación al consejo de administración de José Bogas, antiguo consejero delegado de Endesa. El ex CEO de la eléctrica, que dejó ese cargo en abril de 2026 después de 12 años al frente de la compañía, fue nombrado consejero independiente no ejecutivo de Berkeley el 27 de julio. El informe destaca sus más de 40 años de experiencia en los sectores eléctrico y nuclear español y europeo y considera que su llegada refuerza la posición y la influencia de Berkeley en España.
La incorporación de Bogas se produce así mientras Berkeley mantiene abierto uno de los principales conflictos empresariales relacionados con la política nuclear y minera española. La compañía continúa intentando desbloquear el proyecto de Salamanca por la vía administrativa y, simultáneamente, mantiene una reclamación internacional de 1.250 millones de dólares contra el Estado. Con la primera audiencia del arbitraje prevista para mediados de 2027, el futuro de la mina de uranio de Retortillo vuelve a situarse ante un nuevo año decisivo.
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