El Gobierno quiere hacer una apuesta por la electrificación de la economía y para ello ha decidido sacar de la factura de la luz el coste de las primas a las renovables, cogeneración y residuos que asciende a unos 7.000 millones de euros anuales. Una medida que hará rebajar el recibo eléctrico en un 13% aproximadamente durante cinco años pero encarecerá otros consumos energéticos como la calefacción a gas o los distintos combustibles para el transporte.
Concretamente, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
Se trata de un fondo, al estilo del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, en el que el coste de la retribución a las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), recaiga en todos los suministradores de energía, desde las comercializadoras de electricidad y gas hasta las estaciones de servicio o el butano, y no solo en los consumidores de la luz.
De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejará de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.
La creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.
Fuentes del Gobierno han señalado que el objetivo es "dar señales de precios para electrificar los distintos usos energéticos" como pueden ser la movilidad a través del vehículo eléctrico o la calefacción a través de la bomba de calor.
"Y a su vez dar una mayor certidumbre al sector de que no se va a volver a caer en el llamado déficit de tarifa y que por tanto se dotará de mayor sostenibilidad financiera al sistema eléctrico".
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que este APL es “una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición energética necesaria, dando cabida a la estabilidad y confiabilidad a los actores del sistema eléctrico”.
Aproximadamente, la cifra del coste del RECORE es de unos 7.000 millones de euros anuales y que se repartirá entre todos los sujetos obligados (comercializadoras) que se cifran entre 500 y 1.000 empresas, teniendo en cuenta las ventas de energía que realicen cada año.
El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO2.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que los sujetos abonarán su cantidad correspondiente cada trimestre, pero vencido, de tal manera que se conozca exactamente la cifra de ventas de cada comercializadora.
Repercusión al ciudadano
Este nuevo reparto de los costes de las renovables, hará con mucha probabilidad que los consumidores acaben pagando vía otras facturas energéticas este coste. Es decir, verán bajar la factura de la luz, pero también se incrementará el precio del diésel o la gasolina, o el recibo del gas de cada mes.
Aun con ello, desde el Gobierno aseguran que no tiene por qué verse este incremento en las gasolinas o el gas, ya que todo dependerá de lo que quieran hacer las empresas que financien el nuevo fondo. "A lo mejor hay algunas empresas que no repercutan en sus precios la aportación al fondo para no perder cuota de negocio", dicen.
Los principales perjudicados con esta medida serán las petroleras, que son sin duda las que más productos petrolíferos venden. Según los datos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, Repsol es la que más ventas de energía produce, seguido de Endesa, Cepsa, Naturgy, Iberdrola, BP y Shell.
Mientras el negocio de la electricidad se verá beneficiado por incrementarse los distintos usos energéticos, los carburantes y el gas se verán perjudicados con una menor número de ventas. Hasta el punto de que habrá un momento en el que las eléctricas paguen más por ello por el incremento de estos usos como el vehículo eléctrico, la bomba de calor o la calefacción eléctrica.
Es además, una de las grandes demandas del sector eléctrico que llevan años pidiendo una medida de este calado.
Por ello, las mismas fuentes dieron "por descontada" la litigiosidad por parte de las empresas al fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente "muy sólida".
En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, "por lo que no se trata de una medida fiscal" y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo "una adaptación" en sus precios para incorporar este coste.
Los impuestos no se tocan
El FNSSE es un instrumento que se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
De esta manera, de momento, los impuestos de la Ley 15/2012 se mantienen como hasta ahora, aunque desde el Ministerio apuntan a una pronta revisión de la fiscalidad ambiental ya que en los últimos ejercicios se han visto reducidos los ingresos, e irá a más en los próximos años.
El fondo estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico del RECORE incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.
El texto prevé un calendario de 5 años hasta la implantación total del FNSSE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación.
Exenciones y compensaciones
Como en casi todo tipo de financiaciones, habrá una serie de sujetos que se verán recompensados de alguna manera. Así, según el anteproyecto de ley habrá una serie de exenciones y de compensaciones. Estas son:
• Exenciones: consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
• Bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el FNSSE: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”.
Mejor para los vulnerables
La creación del fondo tiene un efecto directo sobre el recibo eléctrico, que podrá reducirse, para los consumidores domésticos, al menos un 13% en cinco años gracias a la bajada de los costes fijos. De no crearse este fondo, los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en un sólo año.
El impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo: beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción.
La reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.
Miguel
15/12/2020