La Comisión Europea no parece estar muy de acuerdo con el nuevo mecanismo de capacidad (también llamado mercado de capacidad) que el Gobierno español quiere sacar adelante para así tener una mayor seguridad de suministro. Cuando todo indicaba que ya estaba todo hecho, Bruselas aún retiene la aprobación de dicho mercado.
Previsiblemente, al ser una norma que envió la propia Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, ésta querrá ser lo más pulcra posible con la aprobación o no de dicha norma que está siendo examinada por posible ayuda de Estado por la Dirección General de Competencia.
"La Comisión está en contacto con las autoridades españolas sobre este asunto. No podemos hacer más comentarios sobre estos contactos ni predecir su resultado ni su calendario", ha explicado un portavoz de la DGComp a El Periódico de la Energía.
Algo que también han confirmado fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre los trabajos conjuntos que están llevando a cabo.
Retraso inesperado
Este retraso no era esperado en el sector ya que la normativa estaba en el Consejo de Estado y cuyo borrador dio a conocer en exclusiva este diario hace semanas.
Un borrador en el que se explicaban los costes que iba a tener esta medida, de unos 800 millones de euros anuales, y que harán subir la factura de la luz entre un 5% y un 8%, dependiendo del tipo de consumidor.
Por cierto, ahora el Consejo de Estado ya se ha pronunciado con un dictamen que todavía no se ha hecho público.
Así que con la actual situación se complica llegar a tiempo para la celebración de la primera subasta a finales de año de tal manera que se pueda poner en marcha el mercado a partir del próximo 1 de enero de 2026 y no tener que arrancar más tarde por ello.
Por parte del Ministerio, todo el trabajo ya está hecho, sólo queda saber el ok definitivo de la Comisión Europea para que baterías y ciclos combinados comiencen a ser remunerados por dar respaldo al sistema en un mercado competitivo, así como a posibles consumidores industriales que prefieran desenchufarse para así estabilizar el sistema eléctrico español.
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