La comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la autorización de parques eólicos en Castilla y León arrancará con 43 comparecientes, entre los que no figuran finalmente los exdiputados del PP Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, ni el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
En su reunión de hoy, la comisión ha vivido la discrepancia entre las propuestas de comparecencias planteadas por los grupos de la oposición y las finalmente aprobadas por el Grupo Popular, que dispone de la mitad de los votos para bloquear las que no ha considerado ajustadas al objeto de la investigación.
De entre los 43 comparecientes, 31 de ellos han sido propuestos por el PP, mientras que 12 se han sumado a propuesta de los grupos de la oposición, que se han quejado de la actitud de bloqueo del Grupo Popular, hasta el punto de que el portavoz socialista, Javier Izquierdo, ha expresado que sentía "asco", en referencia a la misma expresión utilizada hace unos días por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre el caso de corrupción Imelsa.
En el caso de las comparecencias del actual embajador de España en Reino Unido, exministro de Defensa y exdiputado del PP, Federico Trillo, y del exdiputado Vicente Martínez Pujalte, que asesoraban a empresas vinculadas a la supuesta trama mientras eran diputados, el PP las ha rechazado al considerar que no son objeto de la investigación, en contra del criterio de los grupos de la oposición, que sí las consideraban pertinentes.
El mismo argumento ha dado el PP para rechazar la comparecencia del presidente de Iberdrola, el salmantino Ignacio Sánchez Galán, solicitada por el PSOE para aclarar la actuación de esta empresa en los procesos de autorización analizados, y de la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León y exsecretaria general de la Consejería de Hacienda, Georgina de la Lastra, como superior directa del funcionario que elaboró el informe.
La investigación parte de un informe de la Agencia Tributaria, remitido a la Fiscalía Anticorrupción, en el que según publicó hace meses el diario El País se habían detectado supuestas irregularidades en la autorización de determinados parques eólicos, que incluían el pago de al menos 110 millones de euros en comisiones para agilizar la tramitación.
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