El PSOE ha propuesto prohibir que las petroleras superen una cuota de ventas del 25 % en cada provincia, con el objetivo de fomentar la entrada de nuevos operadores e impulsar así la competencia en el sector de distribución de carburantes.
El portavoz adjunto de Energía en el Congreso de los Diputados, Román Ruiz, ha explicado en un encuentro con medios que con esta medida, recogida en una proposición de ley registrada hoy, se pretende atacar el "problema" de el sector que, a su juicio, es el hecho de que tres compañías aglutinen "el 85 % de las ventas".
Ruiz ha defendido que la reforma de este sector puesta en marcha por el Gobierno en 2013 fue "ineficiente", ya que se limitó a impedir que las petroleras con una cuota de mercado superior al 30 % abrieran nuevas gasolineras, aunque sí permitía renovar los contratos de abanderamiento.
Frente a esto, el PSOE aboga por rebajar la cuota provincial al 25%, medida en ventas en lugar de en número de puntos de suministro, de manera que las compañías que superen este porcentaje no podrán abrir nuevas estaciones de servicio ni renovar los contratos de abanderamiento.
Así, según el texto de la proposición, "en el plazo de diez años los operadores al por mayor de productos petrolíferos no podrán superar el porcentaje de cuota de mercado" establecido. Eficiencia y precios razonables
"Se trata de que la red española de gasolineras sea eficiente", ha argumentado Román, y de que "el minorista pueda comprar bien, a precios razonables".
Para ello, es necesario que entren nuevos operadores, porque en la actualidad "el mercado está copado" por las grandes, una cuestión que forzó la marcha de algunas petroleras internacionales.
El diputado socialista ha rechazado que esta iniciativa tienda a un modelo de bajo coste con gasolineras desatendidas -sin empleados-, aunque tampoco incorpora ninguna medida para evitarlo.
El objetivo final, ha insistido, es que los ciudadanos "paguen menos por el carburante antes de impuestos", en línea con otros países europeos y que se armonicen los márgenes brutos -diferencia entre el precio de venta y la cotización de los productos-.
Otras medidas incluidas en la proposición de ley consisten en reducir el volumen de existencias de seguridad, mejorar la transparencia en los precios de las gasolineras o exigir informes vinculantes de los reguladores para forzar la competencia entre diferentes marcas en las carreteras.
Además, pretenden limitar a un máximo del 10% las participaciones accionariales en CLH -gestor de los oleoductos- **y a un 30% la del conjunto de petroleras con capacidad de refino en España. **
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