La Generalitat ha autorizado la construcción de una subestación eléctrica en el puerto de Valencia, una instalación que tendrá una potencia de 30 megavatios y un coste de 8 millones de euros y que supone "un primer paso" en el objetivo de llegar a 2030 como puerto sin emisiones.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha informado en una rueda de prensa telemática tras la reunión del Consejo de Administración de que en junio se sacará el concurso de construcción de la subestación, que estará operativa en 2022.
Martínez ha indicado que se ha encargado a la Fundación Valenciaport el proyecto de electrificación de las terminales, que se iniciará en la terminal de pasaje, y se ha adjudicado a Grupotec la redacción del informe de ingeniería para la construcción de una central fotovoltaica en la parte superior del silo de automóviles de Grimaldi en el puerto, de 40.000 m2.
Esta central tendrá una capacidad de 6 megavatios, el 10 % de la energía total que consume el puerto de Valencia, y están previstas otras plantas de 0,5 Mw entre el dique Príncipe Felipe y el Club Náutico, y de 2,5 Mw en el puerto de Gandia, que convertirá este pequeño puerto en "el primer recinto portuario de Europa en ser autosuficiente energéticamente".
Adif ha adjudicado las obras de acceso ferroviario al puerto de Sagunto, que se iniciarán en junio con una inversión de 31 millones (20 de la APV y el resto financiado con fondos FEDER).
Martínez se ha referido a la aprobación por parte del Ayuntamiento de València del proyecto de medidas correctoras para la ZAL, cuya licitación también está prevista para junio.
Respecto a la futura terminal de pasajeros, el concurso se mantiene en suspensión administrativa por el estado de alarma, si bien hay al menos dos empresas interesadas.
En cuanto a la nueva terminal de contenedores, se encuentra en la misma situación de paralización en el proceso de adjudicación a Terminal Investment Limited (TIL), filial del grupo MSC, aunque se ha seguido trabajando en el anteproyecto con las modificaciones del proyecto de la ampliación relativas a la no prolongación del dique y al dragado y se ha remitido a Puertos del Estado para su ratificación.
En el momento en que la APV otorgue la concesión a TIL se resolverá sobre la necesidad de elaborar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), según ha precisado el director de este organismo, Francesc Sánchez.
Aunque no prolongar el dique puede suponer "no gastar" unos 40 ó 50 millones de euros, este importe no se convertirá en un ahorro final dado el gasto que supondrá el relleno, cuya procedencia no está determinada.
Sánchez ha advertido, respecto a la polémica sobre la DIA, de que los efectos de la crisis sanitaria han dejado "una serie de lecciones" al afirmar que la contaminación se ha reducido un 70 % mientras el puerto ha continuado funcionando durante el estado de alarma.
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