La continuidad del impuesto extraordinario a las energéticas, aprobado en 2022 para enfrentar la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, se encuentra en el centro del debate político en España. Este jueves, el Congreso de los Diputados votará una ley que incluye un tipo mínimo impositivo para grandes empresas, en la que el Gobierno intenta incorporar medidas fiscales controvertidas, como la prórroga de este gravamen.
En los dos años de aplicación, el impuesto ha generado 2.808 millones de euros para el Ministerio de Hacienda. Diseñado como una medida temporal y extraordinaria, grava con un 1,2% las ventas de empresas energéticas con una facturación superior a 1.000 millones en 2019, excluyendo los ingresos regulados y los obtenidos fuera de España.
El rediseño del impuesto para hacerlo permanente fue clave en el acuerdo entre PSOE y Sumar para formar gobierno. Sin embargo, su continuidad enfrenta resistencias: mientras Junts y PNV rechazan su extensión, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG apoyan su prórroga. Para lograr su aprobación, los socialistas han ofrecido una extensión limitada de un año mediante un real decreto-ley, asegurando que no afectará a empresas que inviertan en la descarbonización.
Podemos, por su parte, condiciona su abstención a que Junts y PNV respalden el decreto-ley cuando este llegue al Congreso para su convalidación.
Recaudación por empresas
Entre las compañías más afectadas se encuentran gigantes como Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola y Naturgy. Repsol encabeza la lista de contribuyentes con casi 800 millones de euros abonados en dos años: 444 millones en 2023 y 335 millones en 2024.
Le sigue Cepsa, que ha aportado 570 millones (325 millones en el primer año de aplicación y 244 millones en el segundo). Endesa, por su parte, ha contribuido con 410 millones, mientras que Iberdrola y Naturgy han pagado 370 millones y 254 millones, respectivamente.
El gravamen extraordinario a las energéticas ha suscitado fuertes críticas desde el sector, que advierte de los posibles efectos negativos de su prórroga o conversión en un impuesto permanente. El Club Español de la Energía (Enerclub), que representa a más de 120 empresas del sector, ha destacado que esta carga fiscal podría poner en peligro inversiones esenciales para cumplir con los objetivos de descarbonización de España. Según las estimaciones del sector, se necesitan más de 30.000 millones de euros en los próximos tres años para avanzar en la transición energética.
Críticas del sector
La organización subraya que mantener o incrementar la presión fiscal sobre las energéticas podría generar incertidumbre, dificultando la viabilidad económica y financiera de proyectos estratégicos en todo el país. Esto no solo impactaría a las grandes compañías, sino también a las cadenas de valor y al empleo generado por estas inversiones. Además, Enerclub ha insistido en la importancia de contar con un marco normativo estable, con seguridad jurídica y predictibilidad fiscal, para fomentar un entorno atractivo para las inversiones internacionales.
La asociación también ha señalado el papel crucial de la inversión privada en la transición energética. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el 82% de los 308.000 millones de euros estimados para la descarbonización de la economía española hasta 2030 debe provenir de capital privado. Enerclub advierte que una fiscalidad elevada podría desincentivar este flujo de capital, afectando directamente el cumplimiento de los objetivos climáticos y económicos del país.
Más allá del impacto económico, el club enfatiza el valor estratégico de estas inversiones. Cumplir con los objetivos de descarbonización podría generar un aumento del 3,2% en el PIB para 2030 y la creación de 560.000 empleos, según las previsiones del Gobierno. Sin embargo, cualquier obstáculo financiero podría retrasar o reducir el alcance de proyectos clave relacionados con tecnologías renovables, redes de transporte energético y modernización de infraestructuras.
"Fomentar la confianza y un entorno atractivo para el capital extranjero no es solo una necesidad económica, sino también una garantía para el liderazgo de España en la transición energética", concluye Enerclub.
Carlos
21/11/2024