El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 10 millones de euros que la Generalitat de Cataluña impuso a Endesa por el apagón del 23 de julio de 2007 en Barcelona, que dejó sin servicio a 323.000 usuarios durante tres días, y por la que Red Eléctrica también ha sido sancionada con la misma cantidad.
Como hiciera ayer con esta última compañía, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha desestimado el recurso que Endesa interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que avaló la sanción fijada por el Gobierno catalán en septiembre de 2008 por la comisión de una infracción administrativa muy grave.
El histórico apagón, ocurrido a finales de julio de 2007, comenzó en la subestación de Collblanc de Barcelona con la caída de un cable de Fecsa-Endesa sobre las instalaciones de REE, lo que derivó en un incendio en la subestación de Maragall propiedad de esta última compañía.
En su recurso, Endesa culpaba de las "desgraciadas consecuencias" de ese incendio a Red Eléctrica por la "defectuosa conservación de su subestación", que excedía "mucho del riesgo efectivamente causado por la sola degradación" de su cable.
Pero el Supremo rechaza sus alegaciones porque, además de "admitir su responsabilidad por el riesgo generado por no haber detectado y sustituido" el cable eléctrico degradado, "pretende limitar su culpabilidad" haciendo una "separación artificial" de los episodios del mismo incidente.
Así, los magistrados consideran que existe una "estrecha" relación entre el mal estado y la caída del cable en la subestación eléctrica, que fue "una causa determinante del cortocircuito y del incendio".
"La falta de la debida atención a las instalaciones, en este caso al cable, es precisamente la que origina el grave accidente, con independencia de la concurrencia de culpa por parte de Red Eléctrica en el mantenimiento y conservación de la Subestación", concluyen.
De hecho, en el caso de Red Eléctrica, el Supremo también avaló la multa de diez millones a la que rebajó el TSJC la sanción inicial propuesta por la Generalitat, que fue de once, por las "deficiencias en la configuración y el estado operativo de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica de 220 KV Collblanc Urgell-Maragall".
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