Suena a cachondeo pero no lo es. El Tribunal Supremo ha dado el visto bueno a una petición de la Abogacía del Estado para que amplíe el expediente en el proceso de un recurso contra la Orden IET 1045/2014, sobre los parámetros de las retribuciones de las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos.
En esa petición, la Abogacía pedía los informes que las consultoras Boston Consulting Group y Roland Berger realizaron para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y en los que se basó el departamento que dirige José Manuel Soria para elaborar tanto el Real Decreto como la Orden de parámetros.
Es decir, que la propia Administración exige más información a la misma Administración sobre una norma que ha realizado esa Administración. Parece el colmo de los colmos.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, la Abogacía del Estado envió el pasado 23 de diciembre un escrito al Tribunal Supremo por el cual pedía una ampliación de expediente en el recurso que presentaron cientos de productores fotovoltaicos solicitando "que se complemente el expediente mediante la remisión de todos los informes, antecedentes de hecho y documentos que han servido de base para la elaboración de la Orden".
La Abogacía del Estado, en una petición insólita y casi sin precedentes en la jurisprudencia española según afirman expertos procesalistas, basa su argumento para pedir la ampliación en lo siguiente: "Que no habiendo hecho uso de tal posibilidad el recurrente (cientos de prosuctores) en el presente proceso, esta parte demandada considera imprescindible que se haga idéntica incorporación a nuestro proceso, pues carece de sentido que esta parte demandada alegue y Sala falle sobre el mismo objeto procesal con elementos probatorios y de juicio distintos e unos y otros procesos".
La Abogacía del Estado se refiere a que en otros recursos contra la Orden, los demandantes han pedido la ampliación del expediente para que se remita al proceso toda la documentación, en este caso los informes de las consultoras. Uno de los recursos que pidió la ampliación para conocer los detalles de estos informes fue el de APPA. La asociación de renovables hizo una primera petición en octubre pasado. El Supremo lo aprobó y paralizó el proceso hasta que Industria remitiera los informes.
Pero el Ministerio no ha dicho esta boca es mía. No ha hecho caso al Supremo. Al ver que no hubo respuesta por parte de Industria, APPA decidió pedir de nuevo la ampliación y el Supremo ha vuelto a dar otros 10 días a la Administración para que entregara la documentación ante el Alto Tribunal.
Da la sensación de que la Abogacía del Estado defiende los intereses del recurrente (cientos de productores), que en este caso prefirió no ampliar el expediente para que avanzara el proceso, pero que ha visto como ahora, tras la aprobación de la ampliación por parte del Tribunal Supremo, se paraliza el recurso contra la Orden.
Los abogados de los productores fotovoltaicos, el bufete Holtrop, asegura en una nota de prensa que "este inusual posicionamiento de la propia defensa de la Administración en sede judicial en favor de que se complemente el expediente administrativo, por estar éste incompleto, supone un espaldarazo a la tesis mantenida por Holtrop SLP respecto a la falta de los informes de las consultoras Roland Berger y Boston Consulting en el Expediente Administrativo de la Orden de proyectos tipo".
Ahora, según la respuesta del Supremo, el Ministerio de Industria tendrá que remitir los informes de las consultoras Boston Consulting y Roland Berger en 10 días. Un plazo que hasta ahora el Ministerio de Industria se ha saltado a la torera tal y como ha sucedido en el recurso de APPA.
Justo.Justo
16/01/2015