El TC admite a trámite el recurso de la Xunta de Galicia a las zonas de aceleración de renovables

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Xunta de Galicia contra varios preceptos del decreto ley del Gobierno central que regula, entre otras cuestiones, las zonas de aceleración de renovables.

El pleno del TC ha decidido admitir a trámite el recurso promovido en relación a varios preceptos del decreto ley 7/2026, que aprobó el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio y que incluye la regulación de las zonas de aceleración de renovables, ha indicado el tribunal en una nota informativa.

"La Xunta de Galicia en su demanda alega que los preceptos impugnados podrían vulnerar el artículo 86 de la Constitución por incumplir el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad", ha indicado el TC.

El recurso también sostiene que la norma invade las competencias autonómicas y es contraria al principio de seguridad jurídica.

"Entendemos que invade competencias autonómicas. La normativa es tan detallada en los requisitos fijados que, en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta para determinar dónde están estas zonas", señaló el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, cuando anunció el recurso.

Las zonas de aceleración de renovables en Galicia

Las zonas de aceleración de renovables (ZAR) son áreas especialmente adecuadas para la instalación de energías limpias por no preverse en ellas un impacto ambiental significativo, en las que se pretende agilizar y simplificar la tramitación de proyectos.

La Xunta ha denunciado que la nueva normativa estatal modifica el carácter de la herramienta cartográfica diseñada para localizar las zonas de mayor sensibilidad ambiental que deben quedar excluidas de la implantación de las ZAR, que pasa de ser "orientativa" a "obligatoria".

Con ello, según los cálculos del Gobierno gallego, las zonas susceptibles de ser declaradas ZAR en Galicia sumarían en total solo 47 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente al 0,16 % de todo el territorio gallego.

Rueda destacó en su momento que el Estatuto de Autonomía de Galicia reconoce a la comunidad competencias en materias como la ordenación del territorio, el medio ambiente, la tramitación administrativa o la energía, mientras que la Constitución reserva al Estado la aprobación de la legislación básica en estas materias, pero garantizando que las comunidades autónomas puedan desarrollar esa normativa y adaptarla a las particularidades de su territorio.

Con este decreto ley, la Xunta considera que el Gobierno central excede sus competencias y limita de forma injustificada las atribuciones reconocidas en el Estatuto, al regular aspectos con un nivel de detalle tan elevado que impide ese desarrollo autonómico y vacía de contenido competencias que le corresponden a Galicia.