Ningún comentario El debate sobre las redes eléctricas españolas ya se ha abierto en España. Ha dejado de ser una cuestión exclusivamente técnica para convertirse en un asunto central de política energética, competitividad industrial y protección del consumidor.
La creciente electrificación de la economía exige inversiones inteligentes, decisiones neutrales y una planificación eficiente de las infraestructuras. ¿Es suficiente con Red Eléctrica como único transportista de electricidad? ¿Es necesario abrir las redes de transporte a la competencia? Cada vez cobra más fuerza una cuestión que ya ha sido abordada en países como Reino Unido, Estados Unidos o Brasil: la separación entre el Operador del Sistema y el propietario de la red de transporte. Ha sido propuesto ya por varios agentes del mercado que creen que para poder cumplir con la nueva planificación eléctrica es más que necesario que se abra este melón.
España constituye hoy una excepción relevante dentro de los países que han iniciado una modernización institucional de sus sistemas eléctricos. Red Eléctrica ejerce simultáneamente como transportista -responsable de construir y explotar la red de alta tensión- y como Operador del Sistema, encargado de garantizar la seguridad del suministro, planificar las necesidades futuras de red y coordinar el funcionamiento del sistema eléctrico.
Es lo que se conoce como el modelo de TSO, que prácticamente está vigente en toda la Unión Europea. Pero justo es el conjunto de la UE el que padece este problema de que no se cumplen los objetivos de electrificación y por tanto las redes eléctricas no llegan al ritmo que necesita la transición energética. Un dato: PwC estima que el 43% de las inversiones previstas en términos de 'capex' en la actual planificación 2025-2030 corresponden a posiciones y líneas provenientes de planificaciones anteriores, que ya debieron haberse ejecutado en marcos temporales anteriores. Los retrasos puedes alnzar una década. ¿Es esto normal?
Desde Red Eléctrica apuntan a que estos retrasos no son por su culpa, sino debidos a la exigente tramitación que tienen que afrontar estos grandes proyectos de redes de transporte. Una nueva línea de 400 kV puede tardar 10 años en estar operativa. Por lo tanto, piensan que atraer nuevos actores a la construcción de más redes de transporte no arreglaría el problema del permitting, sino que lo agrandaría.
Pero esta concentración de funciones plantea una pregunta evidente en el mercado español: ¿puede una misma empresa decidir qué inversiones son necesarias, ejecutarlas y percibir una retribución regulada por ellas sin que surjan conflictos de interés? Existe experiencia internacional que sugiere que no.
El problema de ser juez y parte
El Operador del Sistema desempeña un papel determinante en la planificación energética. Es quien evalúa las necesidades futuras de la red, proyecta la evolución de la demanda, identifica posibles riesgos para la seguridad de suministro y propone las inversiones que posteriormente serán incluidas en la planificación estatal. El clásico yo me lo guiso, yo me lo como.
Fuentes del sector eléctrico explican que cuando esta función recae en una entidad integrada con el propietario de la red, surge un incentivo estructural para favorecer soluciones basadas en nuevas infraestructuras de transporte frente a otras alternativas potencialmente más eficientes. El resultado puede derivar en una expansión excesiva de activos regulados cuyos costes terminan repercutiendo en la factura eléctrica de hogares e industrias.
Una reciente información explica lo que necesitan los TSO, que nadie les toque sus inversiones. Entso-e respalda la propuesta de Bruselas para abaratar la electricidad, pero reclama una regulación que garantice una rentabilidad competitiva para financiar las inversiones récord que requerirá la modernización de las redes eléctricas y la transición energética. ¿Pero se quiere de verdad una factura eléctrica barata?
El caso de Reino Unido
Para entender cómo funcionaría Red Eléctrica separando al operador del transportista, la mejor referencia internacional es el caso británico.
Tras años de análisis, el Gobierno del Reino Unido y el regulador Ofgem concluyeron que la transformación del sistema energético requería una institución más independiente, capaz de planificar el conjunto del sistema eléctrico y gasista sin estar vinculada a la propiedad de activos. El resultado fue la creación del National Energy System Operator (NESO), entidad separada de National Grid y concebida como un organismo experto e imparcial. El Gobierno británico justificó la reforma sobre cinco grandes principios: eliminar conflictos de interés, acelerar la transición energética, reforzar la seguridad energética, proporcionar una visión integral del sistema y garantizar que las decisiones se adopten en beneficio de los consumidores.
La filosofía de la reforma es clara. Quien decide las necesidades del sistema no debe tener incentivos económicos asociados a la construcción de nuevas infraestructuras. Por ello, NESO fue diseñado para ser independiente no solo de la propiedad de activos de red, sino también de otros intereses comerciales del sector energético. ¿Es lo que necesita España?
Desde luego que la electrificación exige neutralidad. La cuestión adquiere especial relevancia en España porque el principal desafío energético es electrificar la demanda. Lo dice el Gobierno y el propio mercado a tenor de los resultados de los precios. Estamos con muchos problemas de conexión. Industria, centros de datos, movilidad eléctrica, hidrógeno y nuevos consumos requerirán acceso rápido y eficiente a la red. Y de momento, eso brilla por su ausencia.
España que lleva varios años de retrasos en planificaciones eléctricas que requerían sólo unos pocos miles de millones en cinco-seis años, ahora quiere quintuplicar esas inversiones en redes en los próximos años y lo pretende hacer con sólo un actor. Difícil encaje.
En este contexto, algunas compañías creen que el Operador del Sistema debe ser un árbitro neutral capaz de evaluar objetivamente todas las alternativas disponibles. En ocasiones, la mejor solución será construir una nueva línea de transporte. En otras, será desplegar almacenamiento, desarrollar flexibilidad o reforzar redes de distribución. "La decisión debe responder al interés general y al menor coste para el consumidor, no a la maximización de una base de activos regulados", dicen.
Por ejemplo, en Red Eléctrica creen que la figura del Operador del Sistema funciona mejor siendo TSO y teniendo cerca al transportista. De esta manera se puede dar solución a los problemas con más rapidez. Se ha visto en los recientes episodios de la DANA o el gran apagón donde la reposición del suministro ha sido un éxito, mientras que si llegan a estar separados se correría el peligro de que se tardara más en restituir el suministro.
Otros casos
Estados Unidos gestiona gran parte de su sistema mediante Independent System Operators (ISO) y Regional Transmission Organizations (RTO). Brasil dispone de un Operador Nacional do Sistema independiente. Irlanda separó la operación del sistema de la propiedad de las redes. El Reino Unido también ha hecho el mismo camino.
El debate sobre separar el Operador del Sistema del transportista de la red se debe abrir. Aunque sea únicamente por el interés del consumidor. No persigue cuestionar la calidad técnica de la operación actual ni el papel de las redes de transporte. Al contrario. Su objetivo es reforzar la confianza en el sistema eléctrico, garantizar la máxima neutralidad en la toma de decisiones y asegurar que cada euro invertido aporte el mayor valor posible. Que no nos cueste un ojo de la cara la transición energética. Para muestra, otro botón.
Se necesitan decisiones más eficientes. La experiencia internacional demuestra que la independencia del Operador del Sistema mejora la transparencia, reduce conflictos de interés y favorece decisiones más eficientes para los consumidores. Si Reino Unido concluyó que la transición energética exigía separar al operador del sistema del propietario de las redes, España haría bien en abrir el mismo debate. Porque en un momento en el que la capacidad eléctrica se ha convertido en un factor decisivo para atraer inversión y empleo, la neutralidad es tan importante como la calidad de las infraestructuras que arbitra.
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