Las instituciones y Endesa han acordado reforzar su colaboración para acabar con los cortes de electricidad que afectan de manera reiterada al distrito Norte de Granada y minimizar las consecuencias sociales de una defraudación de energía para uso particular o cultivo de drogas que daña las instalaciones.
Lo han hecho en una nueva convocatoria de la Mesa por la Zona Norte en la que han participado la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro; el alcalde, Luis Salvador, el de Fomento de la Junta, Antonio Granados; y el director de Endesa en Andalucía Este, Antonio Lucena, entre otros.
Al encuentro se han sumado el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Sánchez y el párroco de La Paz, Mario Picazo, que durante una semana han estado encerrados en una parroquia de Granada para protestar contra los apagones.
Todas las administraciones han mostrado su "gran preocupación" por las consecuencias sociales que originan los cortes de luz y han apuntado que estos apagones responden a la defraudación de fluido eléctrico para consumo particular y para el cultivo de marihuana.
López Calahorro ha apuntado que estas prácticas ilícitas deterioran la red de distribución de energía y ha felicitado a los cuerpos de seguridad por su lucha contra este tipo de delitos.
Ha apuntado que en la demarcación de Policía Nacional, hasta septiembre de este año se han desarrollado 40 operaciones, 7 más que en el mismo período del año anterior, y 29 apoyos a Endesa que han significado 1.829 desenganches ilegales, 275 controles conjuntos con Policía Local y 47 detenciones.
La reunión ha acordado seguir reforzando la lucha contra la defraudación del fluido eléctrico y se ha reconocido la necesidad de trabajar de forma conjunta para atajar la situación de un modo integral y desde un plan conjunto.
Por su parte, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha apremiado a la necesidad de dar soluciones a unos vecinos "que no tienen ninguna responsabilidad" en la grave situación que están padeciendo.
"Endesa tendrá que hacer la parte que le corresponde tanto en la mejora de las instalaciones como en la posibilidad de aumentar la potencia técnica en la zona para evitar los cortes", ha exigido Salvador, que ha reclamado además actuaciones policiales contundentes y más fluidez en los servicios sociales municipales para ofrecer una solución a las personas en riesgo de pobreza.
La Junta ha remitido un requerimiento oficial a Endesa para que realice una auditoría completa de las instalaciones de la zona afectada, una "medida excepcional" ante un problema que no es ni de la empresa ni de una administración concreta, según Granada.
Por su parte, Endesa ha reiterado su voluntad de seguir colaborando con las administraciones para encontrar una solución definitiva al problema de los cortes de suministro que afectan a sus clientes y a la propia compañía y ha recordado que en los últimos tres años ha invertido más de 5,5 millones en la zona.
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