La justicia de EEUU condena a España por los arbitrajes renovables: tendrá que pagar más de 320 millones

La justicia estadounidense ha dado un duro golpe a España en el ámbito de los arbitrajes internacionales, al confirmar la validez de tres laudos firmes que condenan al país a pagar 358 millones de dólares (equivalentes a 324 millones de euros) a empresas afectadas por los recortes a las retribuciones prometidas para las inversiones en energías renovables. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha ratificado la decisión, desestimando los argumentos de inmunidad soberana que España había invocado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso El Periódico de la Energía, establece un precedente significativo al permitir que las empresas afectadas por los impagos registren los laudos en suelo estadounidense. Esto abre la puerta para que puedan reclamar su cumplimiento a través de medidas compensatorias, como la incautación y el embargo de bienes soberanos del Reino de España.

Casos

Entre los casos analizados, destaca el laudo en favor de Nextera, al que se ordena el pago de 290,6 millones de euros por parte de España. Este laudo es el mayor emitido hasta la fecha por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial con sede en Washington, encargado de resolver disputas internacionales de inversión. Los otros dos laudos ratificados incluyen 41 millones de euros a favor de 9REN y 26,5 millones de euros a favor de AES, este último asumido por el fondo Blasket Renewable Investors.

España, que había intentado sin éxito la anulación de estos laudos tanto ante el Ciadi como en tribunales estadounidenses, ha argumentado que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) no permite que las sociedades de la Unión Europea demanden a Estados miembros a través de arbitrajes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ha rechazado este argumento, señalando que la oferta de arbitraje contenida en el TCE se extiende a los nacionales de la UE.

Pérdidas

La decisión judicial supone un grave revés para España, que enfrenta demandas internacionales por valor de más de 1.636 millones de euros, derivadas de los recortes a las primas a las energías renovables implementados durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde 2011, España ha sido objeto de más de 50 demandas de arbitraje por estos recortes, de las cuales 25 han sido resueltas a favor de los inversores, aunque solo 10 de manera definitiva.

Hasta el día de hoy, el Gobierno español ha optado por no pagar las compensaciones decretadas, lo que ha llevado a tomar medidas cautelares. Ahora, con esta sentencia, la batalla legal continúa, y España podría verse obligada a cambiar de opinión e incluso a sentarse a negociar con las empresas perjudicadas con el objetivo de no dañar la imagen del país y ahuyentar las inversiones.