España afronta una nueva batalla legal en Australia después de que un tribunal del país oceánico fallara esta semana a favor de dos fondos de inversión en un caso de arbitraje del Ciadi por los recortes realizados a plantas termosolares en Europa.

La nueva causa se debe a un recurso interpuesto en diciembre por RREEF Infraestructure y otros ante el Tribunal Federal, donde se celebrará una vista preliminar el 26 de marzo.

La demanda se origina en un laudo referido a la sección 35 (4) de la Ley Internacional de Arbitraje, según detalla el portal del poder judicial australiano.

El lunes, el mismo Tribunal Federal ordenó a España el pago de 128 millones de euros más los intereses al fondo británico Eiser Infraestructure y a Energia Solar.

En el mismo fallo, la corte también resolvió a favor Servicios de Infraestructuras Luxemburgo y Energía Termosolar, a los que España deberá pagar 101,7 millones de euros, además de 635.500 dólares y 2,44 millones de libras esterlinas.

La decisión ordena ejecutar las multas impuestas a España por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) en mayo de 2017 y junio de 2018 por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causaron a plantas termosolares.

El fallo rechazó la petición de España de dar prioridad al texto en español de la Convenio de Inversiones, en el que la distinción entre "reconocimiento/ejecución" y "ejecución" no queda tan clara como en la versión en inglés "recognition/enforcement" y "execution".

"España aceptó la totalidad de la Convenio (...) No hay ningún fundamento para dar preferencia a la intención subjetiva afirmada por España de dar primacía al texto español cuando, objetivamente en referencia a sus términos, el Convenio de Inversiones se hizo en tres textos auténticos", precisó el fallo.

Las reclamaciones contra España interpuestas en diferentes instancias internacionales por ese cambio en la retribución que introdujo el Gobierno del Partido Popular suman una cantidad que supera los 8.000 millones de euros.

Hasta ahora, la mayor reclamación reconocida a inversores afectados por el recorte fue la que un laudo del Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, dictó para Eiser Infrastructure.