La Unión Europea ha proclamado a los cuatro vientos que quiere liderar la carrera mundial por la transición energética, sin embargo, a tenor de los datos ofrecidos por el Instituto ODI (Overseas Development Institute), un think tank sobre temas de desarrollo humanitario, se sigue subvencionando la industria del carbón.
Y lo explican en el informe "Cutting Europe’s lifelines to coal, Tracking subsidies in 10 countries" donde revisan los subsidios al carbón que aún recibe esta industria, ya sea en la extracción como en las plantas que generan energía gracias a él, pero se centra solo en diez países europeos, que son los que producen el 84% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía en Europa: Francia, República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, España y Reino Unido. Se acompaña de informes individuales para cada uno de los diez países donde se evalúa cada uno de los subsidios que ofrecen sus Gobiernos al carbón.
La investigación concluye que a pesar de los compromisos significativos para abordar el cambio climático, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y reducir la contaminación atmosférica, los diez países examinados todavía proporcionan algún tipo de subvención al carbón, en forma de apoyo presupuestario o exenciones fiscales. En conjunto, los países examinados han aportado 6.300 millones de euros al año en subvenciones al carbón en un total de 65 tipos de subvenciones identificadas.
Seis de los países incluso han introducido nuevas subvenciones, por valor de 875 millones de euros al año, para apoyar al sector del carbón desde 2015, casualmente el mismo año en el que se aprobó el Acuerdo Climático de París.
Otro país que sobresale en el informe es Reino Unido. Según ODI, el gobierno británico ha declarado que no llevará a cabo una revisión de los subsidios a combustibles fósiles, ya que niega activamente que el país los ofrezca a estos combustibles. Sin embargo, el sector minero goza de varios beneficios fiscales, entre ellos por la extracción de minerales y la deducción de los gastos de capital relacionados con el abandono de campos y minas. Además, en los últimos años, ha introducido nuevos tipos de subvenciones para la generación de electricidad con el objetivo declarado de garantizar la seguridad del suministro de electricidad, lo que incluye a las centrales eléctricas a carbón.
Francia, por el contrario, no tiene nada de lo que esconderse. De hecho, no tiene minas de carbón operativas ni compañías privadas de carbón, según el informe, pero a pesar de sus planes para cerrar las térmicas en 2023, el gobierno está introduciendo un mecanismo de capacidad en el que las centrales pueden ser seleccionadas para recibir pagos para poder responder a los períodos de demanda máxima.
En definitiva, que en el conjunto de los diez países examinados, solo una minoría, el 14%, unos 859 millones de euros al año, destina el desarrollo de las comarcas mineras hacia otro tipo de industria además de protección a los trabajadores, y con el objetivo declarado de apoyar la transición energética.
Caso español
España ocupa el tercer lugar en el ranking del informe, solo por detrás de Alemania y Polonia, los reyes del carbón. España ha dado un total de 754 millones de euros en ayudas al carbón, y eso que no ha podido contabilizar el instituto lo que se paga a las centrales térmicas.
De esos 754 millones, casi la mitad se han destinado al proceso de reestructuración de la minería en España, unos 372 millones, mientras que las minas han percibido 263 millones. En mecanismos de capacidad las térmicas han cobrado 83 millones de euros desde 2005.
A lo largo de su historia, España ha concedido subvenciones considerables a la minería del carbón y a la producción de energía procedente del carbón. A pesar de varios compromisos de poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles y a pesar de un exceso de capacidad en el mercado de la electricidad, España sigue proporcionando subvenciones de este tipo.
El informe hace un recorrido retrospectivo con todas las ayudas gubernamentales que la industria del carbón ha recibido a lo largo de los últimos 30 años, las que existen y las que habrá en el futuro, porque el plan de cierre, aprobado por la Comisión Europea, especifica que el apoyo anual al cierre pasará de 291 millones a 50 millones de euros por año y que las "ayudas por costes excepcionales" pasaron de 316 millones a 75 millones de euros entre 2011 y 2016.
Con este dinero se pretende: ayudar al cierre para minas de carbón no competitivas, ayudar a cubrir los costes excepcionales como son las ayudas sociales por costes laborales para cubrir los días de trabajo perdidos y para trabajadores de edad avanzada y las ayudas de carácter medioambiental para la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera (2013-2021). Y por último, ayudar al impulso económico a las comarcas mineras, financiando proyectos de creación de infraestructura y de empleo para el desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras (2013-2021).
El informe incluye unas recomendaciones finales donde señala que España debería adoptar plazos claros para poner fin a las medidas de apoyo a la energía procedente del carbón que sirven para extender la vida de las centrales y minas de carbón, incluidos el mecanismo de capacidad y la ayuda para apoyar mejoras medioambientales.
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