España ya puede tasar un impuesto al CO2 en frontera a los países fuera de la UE

La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado hoy la introducción de un nuevo impuesto al CO2 en frontera para productos procedentes de terceros países. Este impuesto afectará a aquellos productos importados de países que no cuenten con un régimen de reducción de emisiones equiparable al de la Unión Europea. La medida, presentada durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se incorporará a la legislación nacional tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Estado.

La ministra Ribera destacó que este impuesto busca asegurar un sistema de protección que no dañe la competitividad de la industria europea y promueva la expansión de estos instrumentos a nivel global. "Con esto, yo creo que conseguimos seguir avanzando en la dirección correcta", afirmó Ribera.

Comercio de derechos de emisión

Además del impuesto al CO2 en frontera, Ribera anunció un proyecto de ley que modifica el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE). Esta modificación responde a la obligación de España de trasponer dos directivas adoptadas en 2023 por las instituciones europeas, actualizando y ampliando la senda de reducción de emisiones a nivel europeo.

El RCDE, considerado una de las medidas más efectivas en la reducción de gases de efecto invernadero por parte de la Unión Europea, ha sido ampliado para alcanzar una reducción del 55% en las emisiones de Europa para 2030, en comparación con las emisiones de 2005. Este objetivo forma parte del paquete "Fit for 55", un pilar central de la agenda de la Comisión Europea.

Cambios clave en la legislación

La Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el RCDE, será modificada para introducir varios cambios importantes. Entre estos, se adecuarán las celdas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad, abarcando más de 900 instalaciones, con el objetivo de que sus emisiones estén un 62% por debajo en 2030 respecto a 2005. También se incluirán en la asignación gratuita de derechos de emisión algunas tecnologías limpias, como la producción de hidrógeno verde, para incentivar su presencia en el sistema energético.

La modificación también reducirá las asignaciones gratuitas a los sectores industriales y al sector de la aviación, que ya forman parte del RCDE, y ampliará su aplicación al transporte marítimo, incluyendo las emisiones procedentes del transporte de pasajeros y mercancías. Adicionalmente, se incorporará una directiva para establecer un régimen específico para reducir las emisiones del sector de transporte por carretera y del sector de la edificación. Estas obligaciones estarán dirigidas a las empresas que venden combustibles para estos sectores, con un sistema de monitoreo que comenzará en 2024 y se aplicará plenamente en 2027.