Europa estudia eliminar la tarifa regulada de la luz para el consumidor doméstico

La Comisión Europea ha planteado la posibilidad de eliminar gradualmente las tarifas reguladas de la electricidad, en España el PVPC. El argumento es que distorsionan el mercado y ralentizan la transición a la energía limpia, según cuenta el portal Euractiv.com. Pero ante la reticencia de algunos de los países miembros, el Ejecutivo ha presentado un compromiso en el que se va a realizar una definición común de pobreza energética y así evitar las suspicacias de los sectores sociales. Este es el documento de Bruselas.

Ya en noviembre de 2016, cuando la Comisión Europea presentó su 'paquete de invierno', acordó eliminar gradualmente las tarifas reguladas que se establecían por debajo de los costes de producción y "alentar a los estados miembros a establecer una hoja de ruta para la eliminación de todos los precios regulados" .

El nuevo diseño de mercado propuesto para la electricidad "apunta a garantizar que los precios de suministro estén libres de cualquier intervención pública, y solo con excepciones debidamente justificadas", como ayudar a los hogares más pobres a pagar sus facturas de energía.

El razonamiento de la Comisión es simple: "La regulación de precios puede limitar el desarrollo de una competencia efectiva, desalentar las inversiones y que puedan surgir nuevos actores en el mercado", que eventualmente ejercerán presión sobre las facturas de electricidad.

Además, la rápida caída de los costes de la tecnología significa que cada vez más consumidores podrán reducir sus facturas eléctricas por otros medios, como son los paneles solares en la azotea, las baterías o mediante la rehabilitación de sus viviendas con medidas de eficiencia energética.

Pero el tema puede ser políticamente peligroso. En 2013, el gobierno búlgaro se vio obligado a renunciar a su eliminación tras las protestas masivas por las facturas eléctricas, y en toda la UE, trece países aún tienen regulados los precios de la electricidad, en su mayoría justificados por las preocupaciones de los consumidores sobre el alto precio de la luz o para abordar la pobreza energética.

Por supuesto, abolir los precios regulados no será una tarea fácil. "Las tarifas reguladas se introdujeron cuando el sistema eléctrico comenzó a organizarse como un monopolio", dice Pellerin-Carlin, quien dirige el centro de energía del Instituto Jacques Delors, un grupo de expertos con sede en París, "y cuando tienes un monopolio, como fue el caso en Europa en los años 50 y 60, tienes la posibilidad de que el monopolio abuse de su poder e imponga precios más altos de los que habría en un mercado libre".

Sin embargo, a día de hoy, dice ocurre todo lo contrario, que los precios regulados favorecen principalmente a los jugadores tradicionales al mantener a los competidores fuera del mercado eléctrico, al menos bajo las mismas condiciones. "Lo que los precios regulados hacen esencialmente es mantener el status quo", argumenta, diciendo que deprimen las inversiones en un sector que está atravesando un período de profunda transformación, liderado por la revolución de la energía renovable y la producción descentralizada de electricidad.

Pobreza energética

La propuesta inicial de la Comisión era eliminar gradualmente los precios regulados de la electricidad en un período de cinco años para todos los consumidores, sujeto a una posible extensión en condiciones específicas, pero los estados miembros lo rechazaron rotundamente y eliminaron todas las formas de límites de tiempo para la regulación de precios en su "enfoque general" a la propuesta de la Comisión, adoptada en diciembre de 2017.

El Parlamento Europeo, por su parte, votó a favor de un plazo de cinco años como regla general y un plazo de diez años para los consumidores vulnerables.

En estos momentos, se están negociando en los trílogos la Directiva de Diseño del Mercado Eléctrico y la Comisión ha puesto dos opciones sobre la mesa: ya sea una nueva fecha límite de siete años para acabar con los precios regulados y dejarlos residuales dirigidos únicamente a los "consumidores vulnerables" o bien que directamente se apliquen los precios regulados a los consumidores vulnerables.

"Un límite de tiempo común para todos los estados miembros para eliminar gradualmente toda regulación de precios garantizaría la previsibilidad para las empresas y aceleraría la finalización del mercado interior de la energía", argumenta la Comisión Europea en un documento de compromiso, obtenido por EURACTIV.

Sin embargo, eso requeriría una definición a nivel de la UE de consumidores vulnerables, basada en un "indicador común" que actualmente no existe, dice la Comisión.

La Comisión dice en su documento que los hogares más pobres de Europa gastaron en promedio 870 euros en electricidad, gas o combustible para calefacción, lo que representa alrededor del 10,4% de su consumo total gasto. En general los gastos energéticos de este segmento de la población oscilaron entre  los 500 y los 2.300 euros por hogar en 2015.

Los hogares más pobres de Suecia gastaron solo el 3% del gasto total en energía, mientras que en Eslovaquia este porcentaje fue superior al 23%.

El debate a nivel europeo se complica por el hecho de que la política social es una competencia de los Estados miembros, donde la UE casi no tiene voz. Los países de la UE han creado sus propias definiciones de pobreza energética para identificar qué hogares son elegibles para los beneficios sociales. Cualquier cambio en la definición podría crear trastornos sociales a los que ningún gobierno se suscribiría fácilmente. Pero "los criterios cuantitativos adicionales definidos a nivel de la UE son necesarios", argumenta la Comisión, sugiriendo "bajos ingresos" combinados con "alto gasto energético y poca eficiencia energética" como posibles indicadores.

La industria del sector energético en Bruselas dicen que el tema se ha vuelto tan político que tal vez no se encuentre un acuerdo hasta el último trílogo sobre el diseño del mercado eléctrico, programado para el 5 de diciembre.

Comunidades de energía ciudadana

Y mientras eso ocurre, hay avances en la directiva: Las negociación llegaron a un acuerdo en el trílogo del 12 de noviembre para crear un marco legal para las "comunidades de energía ciudadana", un acuerdo que los fabricantes fotovoltaicos consideraron una victoria para la producción de energía renovable a pequeña escala.

La Comisión Europea estima que para 2030, más de 50 GW de energía eólica y más de 50 GW de energía solar podrían ser propiedad de comunidades energéticas, que representan el 17% y el 21% de la capacidad instalada, respectivamente.

Los elementos clave del acuerdo incluyen la posibilidad de que las comunidades de energía, ubicadas en el mismo edificio o vecindario, posean, alquilen o compren su propia red de distribución de electricidad. Los cargos de red por defecto no se aplicarán cuando la electricidad se consuma en el lugar, por ejemplo, en el mismo edificio o complejo. No servirá esta regulación para los intercambios virtuales de electricidad a lo largo de grandes distancias en lo que parece ser una concesión a Alemania, que insiste en que todos los productores de energía, grandes o pequeños, paguen una contribución por el uso de la red eléctrica.