Cuatro años después de que la invasión rusa de Ucrania sumiera al continente en el caos energético, en la Unión Europea el consumo de energía limpia continúa penalizado frente a la quema de combustibles fósiles debido a una estructura fiscal obsoleta. La lentitud con la que el bloque está electrificando sus sectores clave ha provocado una amonestación de Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), quien ha calificado la situación actual como un fallo geopolítico y económico de primer orden.
Competitividad en jaque
Para Birol, la baja tasa de electrificación de la UE (donde la electricidad apenas representa el 23% de toda la energía consumida) frena directamente la competitividad y la soberanía del bloque. Resulta llamativo que una región castigada por su dependencia de las importaciones de hidrocarburos comparta un porcentaje similar al de grandes productores de petróleo como Estados Unidos.
Birol instó a la Unión a emular los ritmos de potencias asiáticas como China, Japón o Corea del Sur, que ya superan con creces el 30% de tasa de electrificación.
El nuevo comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, admite el estancamiento. Aunque la UE logró hitos significativos al reducir un 20% su consumo de gas tras el corte de los gasoductos rusos, Jørgensen reconoció que la calefacción, el transporte y la industria siguen atados a los combustibles de importación, lo que ha vuelto a dejar expuestos a los Estados ante las recientes turbulencias geopolíticas en Oriente Medio.
El plan de choque de la Comisión
La Comisión Europea presentará un ambicioso plan de choque normativo la próxima semana. El documento de la propuesta revela una profunda brecha de precios en el mercado común: actualmente, solo en Suecia y Finlandia el precio de la electricidad industrial no llega a duplicar el del gas. En el extremo opuesto, países como Grecia, Italia, Hungría e Irlanda inflan el coste de la luz añadiendo tasas de red y cargos gubernamentales directos al recibo.
El objetivo de Bruselas es forzar por ley a los gobiernos a abaratar la electricidad reduciendo sus impuestos por debajo de los que soportan los combustibles fósiles. La meta fijada para 2030 exige establecer incentivos para que el coste eléctrico no supere 2,5 veces el precio del gas en los hogares y se limite a un máximo de 2 veces en el sector industrial. Con este abaratamiento, se busca convencer económicamente a los ciudadanos de adoptar bombas de calor y coches eléctricos.
No obstante, el verdadero desafío técnico reside en las infraestructuras. Pese a un año récord en el que se instalaron 85 GW de potencia renovable, Birol advirtió del atasco existente: unos 600 gigavatios de proyectos limpios ya están totalmente construidos pero permanecen inactivos en lista de espera, debido a la incapacidad de las redes nacionales para absorberlos.
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