La Fundación Impuestos y Competitividad propone suprimir el impuesto de matriculación, reconfigurar el impuesto de circulación atendiendo a sus emisiones, y revisar los impuestos estatales sobre la energía nuclear y el tratamiento del gasóleo, así como recuperar la deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades.
Estas son algunas de las propuestas recogidas en el informe 'Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma', coordinado por Deloitte y EY, que aboga por desarrollar un nuevo régimen "completo, sistemático y eficiente" para la fiscalidad medioambiental en España.
El informe propone la posible reconfiguración de los impuestos sobre hidrocarburos, carbón y electricidad, de modo que contemplen dos componentes impositivos, el del nivel de emisiones de CO2 y el de su contenido energético.
Respecto de la recomendación habitual relativa a revisar el tratamiento del gasóleo en comparación con la gasolina, recomienda la realización de un análisis que considere de forma ponderada los impactos contaminantes asociados a uno y otro carburante (emisiones de CO2 o NOx, entre otros) y los intereses en presencia (cambio climático, calidad del aire), así como cuestiones como la evolución tecnológica de los motores o los estándares regulatorios cada vez más exigentes.
En cuanto a la posibilidad de revisar los beneficios aplicables a ciertos sectores de uso intensivo de carburantes, propone actuar con "suma prudencia, atendiendo al contexto económico y protegiendo la competitividad de las empresas". Así, cree que cualquier reforma debería venir acompañada de medidas compensatorias adecuadas (entrada diferida y progresiva en vigor de cualquier reforma al alza, introducción de incentivos a la modernización y mejora tecnológica de la flota).
Impuesto único al uso de vehículos y gravamen al ruido
En relación con los vehículos a motor, sugiere suprimir el impuesto de matriculación, reconfigurar el impuesto de circulación como un verdadero impuesto al uso de vehículos, atendiendo a sus emisiones, tanto de CO2 como de otros gases y partículas contaminantes.
Este nuevo impuesto único a la tenencia y uso de vehículos debería disponer de un tramo autonómico y otro local, según la Fundación Impuestos y Competitividad. "La política en materia de imposición sobre vehículos ha de revisarse conjuntamente con la de los carburantes de automoción con el objetivo de favorecer la renovación del parque automovilístico español ante la evidencia de que los vehículos más antiguos presentan niveles de emisiones muy superiores a los de reciente matriculación", señala.
Además, añade que podría considerarse el establecimiento de un gravamen sobre el ruido, ya sea como impuesto autónomo, ya sea como un elemento impositivo nuevo de figuras ya existentes, al tiempo que ve "aconsejable" revisar los impuestos estatales sobre la energía nuclear.
A su vez, propone suprimir los cánones eólicos, vigentes en varias CC.AA., ya que presentan "escasa capacidad recaudatoria y no tienen clara justificación medioambiental". En caso de mantenerse, opina que deberían reorientarse hacia una mayor vinculación con los elementos de impacto ambiental que puedan tener las instalaciones.
Extender la reducción por uso intensivo de electricidad
También propone mejorar el tratamiento de los biocombustibles, menos contaminantes que los combustibles fósiles; consolidar un tratamiento favorable del biogás, por su menor impacto contaminante; y mejorar el tratamiento dado al gas natural empleado en la generación eléctrica, bien mediante cogeneración, bien mediante ciclos combinados.
En cuanto a gases fluorados, respalda la reducción impositiva contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que va dirigida a adecuar los tipos a los precios estimados de este tipo de gases para el período 2020-2030.
En el impuesto sobre la electricidad se propone extender la reducción del 85% a todos los sectores de consumo intensivo de electricidad. Propone también suprimir el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, por su cuestionable finalidad medioambiental y las dudas sobre su encaje en el ordenamiento tributario español y europeo.
La fundación también sostiene que las tasas por tratamiento de residuos deben ser reordenadas, dentro de la obligada reconsideración de la política fiscal en materia de residuos sólidos, con soluciones de armonización.
Revisar el modelo de aguas para la producción eléctrica
En materia de aguas, aconseja la revisión del modelo actual, buscando la uniformidad y efectiva finalidad ambiental de los cánones autonómicos sobre vertidos. En concreto, cree que debería suprimirse el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, por no responder a la finalidad medioambiental.
A su juicio, procede también revisar las tasas y precios públicos por uso y posible contaminación del agua con el objetivo de compensar los costes generados, incluidos los medioambientales, en tanto que el impacto sectorial de las medidas sea asumible.
Igualmente, aboga por revisar los impuestos autonómicos sobre grandes superficies e incluso suprimidos si no se establece una "adecuada vinculación de ellos con los supuestos impactos ambientales derivados de la aglomeración de personas y vehículos".
Incentivos medioambientales
Entre los posibles incentivos medioambientales de los principales impuestos, sugiere recuperar la deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades; aplicar incentivos en el Impuesto sobre Patrimonio a los bienes con eficiencia energética o con un efecto positivo en la protección ambiental.
En el IRPF cree que se podría recuperar la deducción por inversiones en viviendas con finalidad medioambiental, o copiar el modelo autonómico de incentivos a donativos con esa misma finalidad
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