Las gasolineras automáticas piden dureza contra el fraude en el mercado minorista de combustible

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha pedido "contundencia" a la Agencia Tributaria y que incremente su vigilancia para atajar el fraude en el mercado minorista de combustible que se pudiera estar produciendo.

En un comunicado, Aesae celebra la decisión del Gobierno de prohibir las ventas entre distribuidores al por menor, que entrará en vigor el próximo 28 de marzo, aunque ve con preocupación un "posible incremento" del fraude durante el periodo de carencia del real decreto-ley, motivo por el que pide o bien acortarlo o bien aumentar el control sobre estas comercializadoras.

Lucha contra el fraude de combustible

El real decreto-ley 8/2023 o 'decreto omnibus', de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de diciembre, contenía una iniciativa de lucha contra el fraude fiscal entre minoristas.

De acuerdo con este texto, la rápida transformación del mercado de los hidrocarburos líquidos en los últimos años "hace imprescindible una revisión urgente" de la legislación que afecta a este sector.

Y es que, prosigue, se han detectado "crecientes prácticas fraudulentas" por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales así como fiscales debido, en parte, a que han aparecido modelos de negocio que no estaban previstos en el momento en el que se redactó el marco normativo actual.

Esto ha facilitado "enormemente" el fraude por parte de algunas empresas, lo que está perjudicando al resto del sector, recoge el BOE, y advierte de que todo ello tiene un impacto directo en el consumidor por cuanto afecta al precio final de los carburantes.

A través de este documento el Ejecutivo modifica, entre otros artículos, aquel que regula la actividad de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, que podían suministrar a otros distribuidores hasta ahora.

"Cuando en 2015 se introdujo esta medida se consideraba que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores", explica el real decreto-ley.

Sin embargo, se ha comprobado que, desde entonces, el efecto "ha sido el contrario".

Acortar el periodo de carencia

Al respecto se ha pronunciado Aesae, que agradece tanto a la Agencia Tributaria por la labor realizada en los últimos meses para luchar contra estas prácticas anticompetitivas, como a las entidades que trabajaron por la promulgación del real decreto-ley.

Con todo, ve "con preocupación" el posible incremento del fraude a raíz del periodo de carencia que deja un texto que si bien restringe a los operadores al por mayor como únicos suministradores, deja varios meses para actuar -hasta el próximo 28 de marzo- a los minoristas, que en ocasiones escapan al control de las autoridades.

Por este motivo, la asociación aboga por acortar la 'vacatio legis' o aumentar el control sobre estas comercializadoras para que no afecte ni a la transparencia ni a la competencia en el mercado.

Ante esta situación, el presidente de Aesae, Manuel Jiménez, pedirá al organismo competente una reunión para tratar el tema y proponer una solución "rápida y eficaz".