El Gobierno ha abierto el plazo para presentar alegaciones al real decreto que regula la creación, composición y funcionamiento del comité de especialistas en cambio climático, política incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que hoy cumple un año.
El objetivo del Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética es que asesore y supervise el cumplimiento de la política en energía y clima, pero no tendrá efectos directos sobre ésta, según el real decreto, que puede sufrir modificaciones tras el proceso de participación ciudadana, que finalizará el próximo 3 de junio.
El grupo será paritario en género y estará compuesto por 25 especialistas en disciplinas relacionadas con el calentamiento global y la transición energética, los cuales deberán contar con al menos 10 años de experiencia profesional en esas materias, precisa el texto.
Se podrá permanecer en el mandato del comité -formado por ocho personas, inicialmente elegidas al azar entre los miembros- seis años como máximo, con una renovación parcial bienal para asegurar que ninguno de ellos supere ese límite.
El presidente del grupo, que se encargará de coordinar las funciones -entre otras, la elaboración de informes anuales para remitirlos al Congreso de los Diputados-, podrá mantenerse en ese cargo hasta tres años, aunque tendrá la posibilidad de liderar otros tres.
La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, la Comisión de Transición Ecológica del Senado, el Consejo Nacional del Clima, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas podrán proponer cada uno hasta cinco miembros del Comité.
El grupo funcionará con el apoyo técnico y de gestión del CSIC, y se financiará "de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias" del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (Miteco), que matiza que "no supondrá incremento de gasto público".
"Una gobernanza moderna y novedosa, en línea con lo que están haciendo los países de nuestro entorno más cercano con leyes ambiciosas, proporciona transparencia, fortalece y otorga legitimidad a las decisiones del Gobierno en materia de clima y transición energética y da visibilidad a las acciones que se llevan a cabo", argumenta en el escrito el Miteco.
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