El Gobierno vasco da por hecho un acuerdo para concertar nuevos impuestos a la riqueza, la banca y energéticas

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, cree que se "podría dar por hecho" que habrá una acuerdo en la reunión de esta tarde la Comisión mixta del Concierto para concertar los nuevos impuestos planteados por el Gobierno central, tanto el nuevo tributo sobre la riqueza como los establecidos para las energéticas y la banca.

En la rueda de prensa, posterior al consejo de Gobierno, Zupiria ha subrayado que la reunión de esta tarde de la Comisión mixta del Concierto viene precedida por un "trabajo intenso de negociación y de búsqueda de acuerdo" entre el Ministerio de Hacienda, el Gobierno central y el Departamento de Economía y los departamentos de Hacienda de las diputaciones forales.

El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que ha sido "posible avanzar y desbrozar el camino", por lo que cree que se "podría dar por hecho un acuerdo esta tarde" respecto a las dos cuestiones que recoge el orden del día.

El impuesto a las energéticas

En primer lugar, se incluye la concertación del nuevo impuesto sobre la riqueza y, el segundo, la manera en la que se acomodan al sistema fiscal y de Cupo los nuevos gravámenes que el Parlamento de España, a iniciativa del Gobierno, ha aprobado para los sectores energético y de la banca.

En relación al denominado Impuesto de los Ricos, ha precisado que el acuerdo busca, en primer lugar, concertar ese impuesto e incorporarlo al sistema de concierto económico y, en segundo lugar, también "asegurar la capacidad normativa de las haciendas forales vascas con respecto a este nuevo impuesto".

"En esa senda es en la que se han desarrollado las tareas de negociación y en las que se espera alcanzar un acuerdo esta misma tarde. Sería una cuestión posterior ver como habrá que proceder también a unas reformas legales para incorporar ese nuevo impuesto al Concierto económico y estudiar después su aplicación", ha explicado.

Respecto a los dos nuevos gravámenes -banca y energéticas- el objetivo es "el de establecer los criterios para fijar la cantidad global que el Gobierno español espera recaudar con los mismos e identificar los criterios que se establecerían para valorar la parte que corresponde a la comunidad autónoma".