El plan de choque del Gobierno para tratar de abaratar la luz y el gas no ha gustado al sector eléctrico para nada. Lo tacha de intervencionismo puro.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) ha manifestado su "contundente rechazo" a las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros para atajar la subida del recibo de la luz, fundamentalmente las que implican una minoración de sus ingresos, que han calificado como "intervencionistas".
La asociación ha instado al Gobierno a buscar soluciones "verdaderamente eficaces", que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada, que suponen un tercio del total. "Las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica", ha denunciado la asociación en un comunicado.
En este sentido, pide que no se penalice "de forma injusta" a un sector comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables.
"El sector eléctrico está asumiendo grandísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos, que superan los 3.300 millones de euros anuales, como por la de las inversiones, con un compromiso que supera los 4.500 millones de euros este año", ha argumentado la Asociación.
A juicio de la asociación, y a falta de conocer el texto del Real Decreto-ley, el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear, justificado en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas, es una medida "injusta y desacertada" para las empresas del sector.
Consideran que las medidas aprobadas tienen un enorme impacto en la estabilidad de un sector que, según defienden, "ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021".
Según ha explicado Aelec, las empresas eléctricas tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (hidráulica, nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses, a unos precios muy inferiores a los del mercado spot.
"Ahora se les va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 euros/MWh, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO2 (ahora en fase de Proyecto de Ley tramitándose en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 euros/MWh", ha criticado la Asociación.
Respecto a la obligación de subastar energía, también recogido en el anunciado Real Decreto-ley, las eléctricas indican que ya se introdujo en 2007, y el resultado fue "una mera transferencia de rentas a determinados intermediarios". "Ya pudimos comprobar que esta medida no sirve para bajar los precios ni beneficia a los consumidores de ninguna forma", han recordado.
Reacción nuclear
Unas horas antes fue el sector nuclear quien criticó la medida del Gobierno y amenazó con cerrar las nucleares antes de lo previsto en el calendario acordado con el Gobierno.
Ante ello, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha reclamado este martes a las centrales nucleares que no reaccionen "en caliente" a las medidas del Ejecutivo para bajar el precio de la luz y les ha pedido "prudencia" porque la rentabilidad "está asegurada".
Así se ha expresado la vicepresidenta Ribera en una entrevista en la _Cadena Se_r, recogida por Europa Press, tras conocer que el Foro de la Industria Nuclear rechaza estas medidas y que su presidente, Ignacio Araluce, ha dicho que puede provocar "un cierre desordenado de la generación nuclear" y "la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial".
Preguntada por si las centrales nucleares puede cerrar de manera unilateral, la vicepresidenta ha explicado que en el sistema eléctrico hay "algo muy importante" que es "la seguridad del suministro", que se debe garantizar para que, en un "momento pico de demanda", se cuente "con capacidad de generar electricidad".
Así, ha recordado que Red Eléctrica, "como operador del sistema", debe determinar "si es posible o no cerrar cualquier central nuclear". La ministra ha subrayado que se trata de un "sector regulado" que debe garantizar "la seguridad del suministro". "Es muy probable que Red Eléctrica considere que el funcionamiento de las nucleares es fundamental para la garantía del suministro", ha defendido.
Además, fuentes ministeriales recuerdan que la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019.
Por lo tanto "no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron. Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada", señalan.
Viendo el panorama parece que el buen rollo que había en las compañías eléctricas con el Gobierno se ha acabado. De momento no hay litigios, pero los habrá en cuanto se publique el RDL en el BOE y si finalmente sale adelante el dividendo del CO2 en el Congreso de los Diputados.
De momento sólo han hablado las patronales, pero más tarde o temprano las eléctricas acabarán haciéndolo y mostrarán su posición.
Se avecina batalla entre eléctricas y Gobierno, nada nuevo en el horizonte por otro lado, pero esto significa una cosa, que el proceso de electrificación de la economía se retrasará porque las eléctricas destinarán menos dinero a las inversiones futuras.
Por cierto, también el Gobierno juega su baza. Queda el reparto de los fondos donde las eléctricas han acudido con enormes inversiones en proyectos de transición energética.
El caso es que el combate Gobierno vs. Eléctricas está servido, ¡segundos fuera!
Victor
15/09/2021