Greenpeace ha exigido al Gobierno que revise el mercado eléctrico para favorecer la democratización de la energía, reconozca el acceso a una energía limpia y luche contra la pobreza energética.
La ONG recuerda durante la Semana Europea contra la Pobreza Energética que el 15 por ciento de la población española, unos 6 millones de habitantes, sufre pobreza energética, una situación a la que achaca 7.100 muertes al año, más que los accidentes de tráfico, según la OMS.
Del total de los hogares, el 28 por ciento de los liderados por mujeres está en riesgo de pobreza energética, una cifra que aumenta al 39 por ciento para las mujeres mayores de 65 años de edad, es decir, que son incapaces por motivos económicos de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante la estación fría.
La responsable de la campaña de energías renovables de Greenpeace, María Prado, insiste en que la energía es un bien básico, crucial en el desarrollo de las civilizaciones y la falta de acceso a ella genera exclusión social y afecta directamente a la salud.
Por ello, considera que las soluciones a este problema no pasan únicamente por abordar la renta económica sino que se deben analizar causas estructurales como la eficiencia energética de los hogares, el mercado eléctrico y la brecha de género social.
Por comunidades autónomas, la más afectada es Castilla-La Mancha donde un 20 por ciento de la ciudadanía sufre pobreza energética, seguida por Castilla y León, Extremadura y Murcia. En el lado opuesto se encuentran País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana, de acuerdo a un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Greenpeace reitera que luchar contra la pobreza energética pasa por mirar más allá de los bajos ingresos en el hogar y abordar la grave deficiencia energética de las viviendas, la brecha de género o los elevados precios de la energía, sustentados por un oligopolio energético que concentra entre el 80-90 por ciento de la cuota de mercado, que ha marcado históricamente una cultura y política energética "peligrosa y contaminante" en el país.
La organización ecologista considera desde 2014 que los colectivos más vulnerables serían de los más beneficiados por un modelo eléctrico eficiente basado en renovables, sin carbón ni nucleares, ya uqe supondría un ahorro medio del 34 por ciento en la factura.
Por otro lado, reitera la importancia de adoptar medidas urgentes para luchar contra el cambio climático, que tiene un papel fundamental para eliminar la pobreza energética. Así, exige al Gobierno que reduzca sus emisiones un 55 por ciento para 2030 respecto a 1990, frente a la actual propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de reducir las emisiones un 20 por ciento.
"La pobreza energética hace aflorar claramente los síntomas de las estructuras de poder sobre las que se sustenta la desigualdad en favor de las grandes corporaciones energéticas. Por ello se hace inminente y necesario una revisión del mercado eléctrico hacia la democratización de la energía, que ponga a las personas y a la justicia económica a la vanguardia de la transición a un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable", concluye Prado.
JELorenzo
20/02/2020