¿Héroe o villano? Trump cierra un acuerdo histórico que busca el resurgir del petróleo venezolano

El anuncio que recientemente ha hecho Donald Trump va a suponer un cambio sin precedentes en la geopolítica del petróleo. Lo presentó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y, en la práctica, el marco que ha pactado con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, supone entregar a compañías estadounidenses el control comercial de 65.000 millones de barriles de reservas repartidos en 17 campos estratégicos.

Y el momento en el que llega no es ni mucho menos casualidad. Con las hostilidades que aún persisten en Oriente Medio y el Estrecho de Ormuz (por donde pasa una quinta parte del crudo que se mueve en el mundo), Washington quiere asegurarse un suministro en Occidente que no dependa de ningún “chokepoint” marítimo que pueda suponerle un quebradero de cabeza. El problema que analizamos aquí es cómo de distante está el siempre triunfista discurso de Trump de la infraestructura petrolera venezolana, hoy devastada, lo que obliga nuevamente a preguntarnos si el proyecto es realmente tan viable como se espera.

De hacer bien las cosas al colapso de una industria

Para comprender lo que está en juego con este acuerdo hay que echar la mirada atrás, porque la industria petrolera venezolana no siempre fue el desastre que es hoy. En los años setenta el país era uno de los pilares del suministro mundial, con picos de extracción de 3,5 millones de barriles diarios (b/d). Y todavía en 1997 bombeaba en torno a los 3,2 millones de b/d, sostenidos también por inversión estatal y alianzas internacionales sólidas que funcionaban.

Lo que vino después ya es de sobra conocido por todos. La expropiación que Hugo Chávez puso en marcha a partir de 2007 desmontó el modelo tal y como se venía dando. De esta forma, la obligación legal de constituir empresas mixtas, con PDVSA al mando, acabó en salidas forzadas y litigios multimillonarios con firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips que ya tenían cierta trayectoria en el petróleo venezolano. Y a partir de ahí todo fue de mal en peor, con la desinversión continua, la fuga de talento, la corrupción y las sanciones internacionales presionando a la industria.

Esto supuso que la extracción tocara mínimos históricos este mismo año, hasta situarse entre los 1,12 y 1,25 millones de b/d. Solo tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la llegada de Delcy Rodríguez al gobierno, Caracas se decidió a aprobar reformas para flexibilizar el monopolio estatal y abrir la puerta a que los yacimientos los gestione el capital privado internacional.

El modus operandi de Estados Unidos

Todo el plan dictado por Washington gira en torno a un elemento vehicular clave: North American Blue Energy Partners (NABEP), la sociedad que dirige el empresario Alejandro Betancourt. Según lo acordado desde la Casa Blanca, será NABEP quien opere los 17 campos, con concesiones que van de los 25 a los 100 años. Y el reparto financiero está “más claro que el agua”: Estados Unidos se lleva un 35% de la participación sin asumir ninguna responsabilidad operativa. Además, gana la opción preferente para comprar el 20% del crudo a precio de coste y la comercialización del 55% de todo lo que se produzca. A cambio, la administración venezolana confía en atraer 100.000 millones de dólares en inversiones y recaudar 209.000 millones en ingresos fiscales.

Pero por muy bien que suenen esas cifras, hay barreras estructurales que a corto plazo son difíciles de obviar. El crudo del Orinoco es famoso por su alta viscosidad, su alto contenido en azufre y su carácter extrapesado, así que no se mueve sin diluyentes, inyección de vapor o plantas de mejora. Un análisis de Rystad Energy estima que reparar la red eléctrica, los oleoductos y las plantas llevará al menos una década de trabajo para poder añadir 1,5 millones de b/d adicionales. Adicionalmente, y por si quedaba alguna duda respecto al planteamiento de Trump, usar este crudo para rellenar las reservas estratégicas americanas, hoy en mínimos de 286 millones de barriles, es técnicamente inviable, ya que sus cavidades están pensadas para hidrocarburos ligeros (“dulces”) y no admiten un crudo tan pesado (“agrio”) como el venezolano.

Si la OPEP tenía problemas de cohesión, ahora más

El panorama que deja este acuerdo dentro de Venezuela no es menor, porque cambia por completo quién manda en cada campo. NABEP, que lidera la privatización de facto, se hace cargo de 14 proyectos que hasta ahora operaban petroleras rusas y chinas como CNPC y Sinopec, y lo hace con una junta orquestada por Washington, que ha colocado en ella a altos ejecutivos estadounidenses con derecho de veto. Esta salida forzosa de competidores directos en uno de los campos petroleros más prolíficos de Sudamérica garantiza que la mayor parte de los embarques acabe en las refinerías del Golfo de México.

Mientras, Chevron aprovecha para crecer en proyectos ya consolidados como Petropiar y el bloque Ayacucho 8, y ya ha anunciado una inversión de más de 7.000 millones de dólares en cinco años para duplicar su producción en el país. Las europeas (Eni, Repsol, Shell y BP) se sientan a negociar licencias offshore y contratos preferentes. Las que no piensan volver, a priori, son ExxonMobil y ConocoPhillips. Advierten de que la inseguridad jurídica sigue ahí y todavía tienen arbitrajes internacionales pendientes por más de 170.000 millones de dólares.

La cosa sobrepasa la mera cuestión corporativa, dado el alcance global e institucional del acuerdo. Junto con el anuncio del pacto, se supo que Venezuela está evaluando formalmente su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Si finalmente lo hace, sería el segundo miembro fundador que abandona la organización en menos de un año, después de la marcha de los Emiratos Árabes Unidos en mayo. Quitarse de encima la política de cuotas le permitiría a Caracas extraer todo lo que pueda sin ataduras de ningún tipo, pero a cambio rompería la cohesión de la OPEP+ y dejaría a los productores tradicionales con mucha menos fuerza para negociar frente a los consumidores.

Más rentabilidad, más riesgo. Una realidad difícil de asumir

Más allá de las meras cuestiones técnicas y de infraestructuras, los que echan las campanas al vuelo desconocen la realidad legal, o la conocen, pero quieren ocultarla. Unos derechos de explotación a 100 años concedidos por un gobierno de transición no tienen validez legal mientras la Asamblea Nacional no los ratifique de forma explícita. Y ese vacío institucional se traduce en un riesgo muy alto para quien ponga el dinero, ya que nada impide que un gobierno futuro declare nulos los contratos y expropie los activos.

Como era de esperar en estos temas tan controvertidos, siempre hay alguien dispuesto al rechazo de ciertas políticas. Tanto los sectores chavistas como buena parte de la oposición han calificado la medida de “acto neocolonial” y denuncian la imposición de un protectorado económico al amparo de la Doctrina Monroe. Tampoco en Estados Unidos hay unanimidad. Los demócratas ya han anunciado investigaciones por presunta corrupción en la adjudicación a NABEP y ponen en duda que el gobierno interino vaya en serio con la transición democrática en el país.

El futuro pinta bien para Venezuela, pero seamos cautos

Con todo lo anterior encima de la mesa, el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela es un punto de inflexión para la geopolítica del continente. Pero conviene rebajar las expectativas a corto plazo, porque quien espere que el pacto abarate el crudo de forma inmediata no está mirando los números. El deterioro acumulado de las instalaciones no da para más, y las subidas de producción se quedarán en incrementos esperados de entre 150.000 y 200.000 barriles diarios al año.

El escenario cambia si miramos al periodo 2028-2035. Si se consolida el supuesto marco de estabilidad institucional y los 100.000 millones de dólares proyectados acaban entrando de verdad, Venezuela puede recuperar poco a poco su condición de suministrador clave para el refino estadounidense. Ahora bien, mientras la incertidumbre política y contractual siga ahí, reconstruir el sector seguirá siendo una apuesta algo frágil y a merced de la volatilidad geopolítica.