El canciller de Honduras, Enrique Reina, calificó como "desacertada" una declaración de la embajadora de EEUU en Tegucigalpa, Laura F. Dogu, sobre una reforma energética propuesta por el Ejecutivo hondureño diciendo que "es crítica" y que le "preocupa" el impacto que tendrá en la inversión extranjera.
"Señora embajadora usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU.", escribió Reina en Twitter sobre un mensaje de Dogu en la misma red social.
La propuesta de Honduras
Minutos antes del mensaje del canciller hondureño, la embajadora estadounidense dijo que la reforma energética propuesta por el Gobierno que preside Xiomara Castro "es crítica para el desarrollo económico".
"Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora", indicó la diplomática estadounidense.
El roce entre el nuevo Gobierno de Honduras que desde el 27 de enero preside Xiomara Castro, y la nueva embajadora de EEUU en Tegucigalpa, que asumió el 12 de abril, es el primero entre los dos países, que desde antes de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 se comenzaron a estrechar con la ahora gobernante del país centroamericano.
El anteproyecto Ley Especial de Energía Eléctrica, del poder Ejecutivo, fue presentado hoy en el Parlamento hondureño, que indicó que el objetivo de la norma es "garantizar el servicio de electricidad como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social".
La reforma energética
El Gobierno hondureño inició este lunes reuniones con los generadores privados de energía, con el fin de "renegociar" los contratos que tienen con la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y advirtió que, si no reducen la tarifa, el Estado podría asumir el control de sus plantas tras el pago de "un justiprecio" de las mismas, según el anteproyecto de ley.
Honduras tiene una demanda de unos 1.700 megavatios, de los que más del 60 % son generados por plantas térmicas que funcionan con derivados del petróleo, lo que representa para el país una factura muy alta.
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