Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, ha logrado un fallo favorable de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) en un litigio que tenía abierto por la crisis energética de California en 2000-2001 por una posible manipulación del mercado de la electricidad, por el que se enfrentaba a una sanción de 371 millones de dólares (unos 338 millones de euros).
En el fallo emitido este miércoles, la FERC ha concluido que el contrato es "justo y razonable" y que no se garantizan reembolsos por el contrato de la energética, informó la filial de Iberdrola, que, no obstante, añadió que no puede predecir si las otras partes de la acción solicitarán una nueva audiencia o una apelación.
El consejero delegado de Avangrid, Pedro Azagra, celebró que el organismo haya acordado que se cumplió "con todos los estándares y requisitos legales aplicables". "Hemos argumentado constantemente que los contratos de compra de energía fueron negociados entre partes sofisticadas y no impusieron una carga excesiva a los clientes", dijo.
El papel de Iberdrola
En concreto, la pugna judicial se prolongaba ya más de veinte años, tras iniciarse en 2002, cuando dos agencias de California llevaron a los tribunales un acuerdo de energía a largo plazo entre la entonces Iberdrola Renewables, como vendedor, y el Departamento de Recursos Hídricos de California (CDWR), como comprador, alegando que los términos y condiciones del acuerdo de compra de energía eran injustos e irrazonables.
Estas dos agencias solicitaron a la FERC que derogara el contrato por considerarlo injusto e irrazonable o revisara los contratos para establecer tarifas justas y razonables, reducir su duración y eliminar ciertos términos y condiciones no relacionados con el precio de los contratos.
Además, alegaron que Iberdrola ejerció un poder de mercado que obligó a CDWR a pagar precios injustos e irrazonables y a aceptar condiciones onerosas, injustas e irrazonables no relacionadas con los precios.
De esta manera, tras la acción de la FERC y las apelaciones ante distintas instancias, entre ellas la Corte Suprema de los Estados Unidos, el organismo ordenó una audiencia probatoria tipo juicio para complementar el expediente existente.
317 millones de dólares
Así, específicamente, la FERC reabrió el expediente para permitir que las partes presentaran pruebas sobre diversos aspectos. El 12 de abril de 2016, el juez presidente de Derecho Administrativo emitió una decisión inicial determinando que Iberdrola era propiamente parte en este procedimiento; y que el contrato no estaba protegido por la presunción de justicia y razonabilidad de Mobile-Sierra. Al determinarlo, el juez presidente determinó que Iberdrola era responsable de 371 millones de dólares, incluidos los intereses hasta mayo de 2015.
Este miercoles, la FERC ha emitido una orden sobre la decisión inicial que revocó en parte y confirmó en parte la decisión inicial del juez presidente.
Específicamente, la FERC concluyó que, si bien Iberdrola Renewables es una parte adecuada en el procedimiento, la presunción de Mobile-Sierra se adjunta a su contrato, y la presunción de ésta no se supera ni se evita con respecto a él, concluyendo así que el contrato es justo y razonable y que no se garantizan reembolsos por el contrato.
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