La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá esta semana ante el Pleno del Congreso las líneas maestras de lo que a su juicio España necesita para ir hacia un modelo energético más sostenible y social, que entre otras cosas pasan por auditar la deuda, aplicar quitas, modificar el sistema de fijación de precios de la electricidad y prohibir el 'fracking'.
Así consta en la moción que se deriva de la interpelación al ministro de Energía, José Manuel Soria, celebrada el pasado 17 de diciembre. Según el texto,después de tres años de legislatura ha llegado el momento de hacer balance en materia energética.
Y el resultado de este balance es que el Gobierno ha "fortalecido un modelo energético dependiente del exterior y de las energías fósiles, una distribución fuertemente centralizada, una política de precios intencionadamente confusa e injusta, una competencia inexistente y un fortalecimiento de un pool de empresas", que ha llevado a que los precios de los consumidores domésticos e industriales "se disparen año tras año" y se utilicen "como excusa" para "atacar" a las renovables como "responsables del supuesto déficit de tarifa".
"El Ejecutivo apuesta por un modelo energético obsoleto, contaminante y sin futuro que necesita de una transición inmediata", concluye la coalición, que propone por tanto adoptar medidas para superar el "actual estado de falta de transparencia" del sector, democratizar el acceso a la energía y avanzar hacia un nuevo modelo, según informa Europa Press.
No más puertas giratorias
Para conseguir el primer objetivo, IU-ICV reclama una auditoría energética independiente que determine el origen de cada parte de la deuda y pueda aplicar quitas en lo que corresponda al déficit tarifario.
Además, exige que se constituya una comisión de investigación que estudie específicamente los costes de transición a la competencia (CTC) y las responsabilidades por la no reclamación a las eléctricas del cobro de 3.400 millones de euros en exceso por ese concepto. En la misma línea, se pide una investigación sobre la subasta del precio de la energía del pasado mes de diciembre, que tuvo que ser anulada por el Gobierno.
Pero, de cara al futuro, el grupo parlamentario también cree necesario estudiar el "alcance y las responsabilidades" en el "importante movimiento" de altos cargos del sector público hacia empresas privadas, y que se regulen las medidas necesarias para evitar la 'puerta giratoria'.
Autoconsumo y precios sociales
Para democratizar el sector y garantizar el acceso de los ciudadanos al suministro energético, la Izquierda Plural propone modificar el sistema de fijación de precios, excluyendo del pool a las instalaciones ya amortizadas y "garantizando una retribución justa según el coste de producción efectivo" de cada tecnología, de modo que se pueda reducir el déficit de tarifa.
Además, se plantea la necesidad de desarrollar legislativamente el autoconsumo, limitándose los peajes al acceso a la red, y de fijar un precio social para la electricidad, el gas natural y el butano que permita luchar contra la pobreza energética, y tramos de precio en función del número de miembros del hogar familiar, la renta y la climatología. En esta línea, IU-ICV-CHA insiste en la necesidad de prohibir los cortes de suministro por impago de familias vulnerables.
En cuanto al nuevo modelo energético que propone la coalición parte de la trasposición a España de la normativa europea para el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables en su totalidad y la suspensión de los procedimientos de preasignación y supresión de incentivos para nuevas instalaciones de renovables en los territorios extrapeninsulares a insulares.
Asimismo, aboga por aprobar una Planificación Energética Integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, los de renovables y los de ahorro y eficiencia energética, prevea un sistema de redes inteligentes y un sistema público de contadores inteligentes, y derogue el impuesto del 7% sobre la producción energética.
La Izquierda Plural exige por último que en el nuevo modelo de desarrollo energético español se programe el cierre de las centrales nucleares, empezando por Santa María de Garoña; se prohíban el 'fracking' y las prospecciones en el litoral, se paralice la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos y se plantee una planificación gasista "ceñida estrictamente a las necesidades" del país para evitar nuevos casos como el del Castor.
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