El proceso de adjudicación del expediente de contratación de asistencia especializada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para la contratación de los servicios consistentes en la elaboración y realización de estudios que valoren y establezcan los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España así como para la asistencia técnica en procedimientos judiciales y/o arbitrales en los que sea parte la Administración General del Estado, es decir, la adjudicación de los informes sobre la retribución a las instalaciones de renovables en España, arroja más sombras que luces y deja al Gobierno en una situación al menos complicada.
Para poder entenderlo, vamos a relatar los hechos del proceso de adjudicación de manera cronológica.
Inicio del proceso
El Instituto para la Diversifiación y Ahorro de Energía (IDAE) aprobó el 23 de julio de 2013 en la reunión de su consejo de administración el inicio del expediente de contratación. Una aprobación, además, con carácter urgente. "Por concurrir causa de imperiosa urgencia en la contratación", dice la adjudicación a la que ha tenido acceso El Periódico de la Energía.
En esa misma reunión, se aprobó un presupuesto máximo para este contrato de 900.000 euros (IVA no incluido).
El IDAE, para no retrasar mucho la adjudicación, se puso en contacto con las principales consultoras que trabajan en España. Llamó para que se presentaran al concurso a AT Kearney, Bain & Company, The Boston Consulting Group, McKinsey & Company, Nera Economic Consulting, Oliver Wyman y Roland Berger. Un total de siete compañías.
Concluido el plazo para entregar las ofertas, el IDAE solo recibió respuesta de cuatro de estas siete compañías: AT Kearney, Boston Consulting Group, Oliver Wyman y Roland Berger. Todas ellas cumplían con el compromiso de asistencia técnica del IDAE y el Ministerio en futuros procesos judiciales, tal y como establecía el expediente de contratación. Esto debería suceder en pleno mes de agosto de 2013.
Con las cuatro ofertas, se dio vía libre para la apertura de los sobres A que contienen la documentación administrativa y general. Tras su examen y calificación por el departamento de contratación del IDAE, éste decidió dar más tiempo a las consultoras para que subsanasen dicha documentación.
Se desconoce los días que dejó el IDAE para hacer este subsanamiento en pleno mes de agosto, periodo vacacional para la gran mayoría de trabajadores. El caso es que AT Kearney y Oliver Wyman (la que hizo los stress test a la banca española durante el rescate) quedaron descartadas y sus ofertas fueron rechazadas por no subsanar las deficiencias en plazo. Se lo comunicaron a ambas firmas el 26 de agosto. Solo quedaban por tanto Boston Consulting Group y Roland Berger en el proceso.
Un proceso que era totalmente privado, o por lo menos no público hasta ese momento ya que se hizo con carácter urgente y sin oferta pública.
Apertura de sobres
El 28 de agosto de 2013, el IDAE realizó un acto público (en plenas vacaciones) en el que abrió los sobres B que contenían las ofertas técnicas. Por lo tanto, se dio a conocer que solo participaban en la licitación Boston Consulting Group y Roland Berger.
Ocho días después, el 5 de septiembre de 2013, con el informe de valoración técnica realizado por el Departamento de Coordinación y Apoyo a las Energías Renovables del IDAE, se realizó el acto de apertura del sobre C, con la oferta económica.
El IDAE estudió las ofertas económicas y llegó a la conclusión que ambas firmas presentaron precios acordes a los presupuestos establecidos. Recordar que el gasto máximo del IDAE era de 900.000 euros.
Con todo ello, y aún sin adjudicar el contrato, el consejo de administración del IDAE se volvió a reunir el 24 de septiembre de 2013. Ese día decidió resolver cuánto dinero adjudicaría a cada una de las consultoras. Para Boston Consulting Group un importe de 295.000 euros y para Roland Berger 300.000 euros (IVA no incluido). El 24 de septiembre aún no se había adjudicado ningún contrato.
Según consta en la adjudicación, ese mismo día, el IDAE "acordó requerir a tales licitadores para que procedieran en el plazo de diez días hábiles (...) a la entrega de la documentación justificativa contemplada en los pliegos del concurso así como la garantía definitiva que se detalla en la citada documentación". Según el IDAE, hasta que no estuviese esa documentación no se podía proceder a la adjudicación del contrato.
Los documentos llegaron en tiempo y forma. Si son diez hábiles, como tarde debieron estar aproximadamente antes del 7 de octubre.
Sin más miramientos, la adjudicación del contrato se realizó el 28 de noviembre de 2013, es decir un mes y medio después de que Boston Consulting Group y Roland Berger entregaran toda la documentación. Y eso que era con carácter urgente. Entre medias, hubo alguna negociación que otra sobre todo en materia de confidencialidad. La única empresa que decidió aclarar y que se pusiera en el contrato los términos de limitación de responsabilidad y confidencialidad fue Boston Consulting Group, consultora que finalmente en febrero de 2015, 18 meses después de la adjudicación, fue declarada culpable de saltarse el contrato por lo que el IDAE decidió romper el mismo.
Hasta aquí el proceso. Parece que todo fue muy correcto. Pero nada más lejos de la realidad.
Soria habló antes de tiempo
El 20 de septiembre de 2013, viernes, se reúne el Consejo de Ministros, y aprueba entre otras cosas el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico para remitirlo a las Cortes Generales. El ministro Soria acompañó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón a la rueda de prensa posterior.
En el turno de preguntas, un periodista le hizo la siguiente cuestión al ministro Soria (Recordar, 20 de septiembre y aun sin adjudicarse el contrato): "¿Cuándo se prevé que esté listo el informe de Roland Berger y Boston Consulting sobre la remuneración de las energías renovables, sobre la nueva norma para remunerar las energías renovables?".
La pregunta del periodista fue muy clara, y sabiendo que eran las únicas empresas que se habían presentado finalmente al proceso. Fue el 28 de agosto cuando el IDAE dio a conocer el nombre de las dos finalistas.
La contestación del ministro Soria fue la siguiente: "Respecto a cuándo Roland Berger y Boston Consulting Group van a finalizar el estudio sobre los estándares de coste de las distintas tecnologías para, a partir de ahí, fijar la retribución razonable, muy probablemente estará en la primera quincena del mes de noviembre, de tal forma que dé tiempo perfectamente a que, una vez que han sido estimados, se pueda establecer a partir del 1 de enero del año 2014 esa retribución razonable sobre esos estándares de coste".
El ministro habla en público de un proceso que aun no está adjudicado. El IDAE firmó la adjudicación el 28 de noviembre y esta respuesta es el 20 de septiembre, dos meses antes. ¿Se precipitó el ministro? ¿Hubo adjudicación a dedo? ¿No sabía el ministro que aun no estaba adjudicado el contrato?¿Podía alguna de las consultoras no haber firmado?
En la misma respuesta da por hecho que harán los informes. Hace unas semanas nos enteramos de que una de ellas, o no lo hizo o, si lo hizo, no gustó al Ministerio que decidió romper el contrato en febrero de este año.
También pone fecha a la entrega de los informes. "Muy probablemente en la primera quincena del mes de noviembre". Es decir, antes de la adjudicación del contrato por parte del IDAE, que la realizó el 28 de noviembre de 2013.
El ministro habló de los informes, ya no solo antes de la adjudicación del contrato y la firma del mismo, sino antes de que el IDAE decidiera cuanto dinero dar a cada una por su futuro trabajo (24 de septiembre de 2013).
Soria falló con su estimación. A lo mejor decía lo que él deseaba. Pero la realidad superó todo. El informe de Boston Consulting no se sabe de él, y el de Roland Berger está firmado en octubre de 2014, casi un año después de la adjudicación (Recordar el carácter urgente del expediente) y cuatro meses después de que el Gobierno aprobara el recorte a las renovables.
En definitiva, el ministro Soria habló de los informes de Boston Consulting Group y Roland Berger antes de que se les adjudicara el contrato. Es como si este viernes dice que ACS entregará su informe sobre el ATC de Villar de Cañas este abril, cuando aun no se ha adjudicado el contrato de las obras del cementerio de residuos nucleares ni se ha decidido si finalmente será en la localidad conquense.
En fin, un error que deja en entredicho el procedimiento de la adjudicación de un contrato que en principio iba a servir para realizar las retribuciones futuras a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos y que finalmente ha quedado todo en agua de borrajas para el Ministerio, no tanto así para los afectados por los recortes.
EnriquePA
06/04/2015