La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado, como ya hizo con Elcogás, un recurso presentado por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) en contra de la retribución fijada por el Ministerio de Industria en 2013 a las centrales térmicas como parte de la aplicación ese año del decreto del carbón.
En concreto, Unesa denunciaba que en la retribución fijada para las centrales térmicas durante ese ejercicio no se reconocían ni el impuesto del 7% a la producción de electricidad ni los nuevos gravámenes al carbón, en vigor en ambos casos desde el 1 de enero de 2013.
Estos impuestos fueron aprobados como parte de la Ley 15/2012, de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, con las que el Gobierno intentó contener el déficit de tarifa, y se aplicaron también sobre unas centrales térmicas que, desde 2010, deben quemar carbón nacional en unas cantidades y a unos previos preasignados.
Las eléctricas argumentan que los nuevos impuestos tuvieron un efecto especialmente grave sobre su actividad, ya que sus únicos ingresos son los que proceden de la quema de carbón nacional conforme a la programación fijada por Industria, en la que en algunos casos se ven abocados a incurrir en pérdidas.
La Audiencia Nacional entiende que elevar la retribución para contener el efecto de los nuevos impuestos implicaría modificar el real decreto del carbón introduciendo conceptos que la misma no contempla.
Estas sentencias se suma a otras resoluciones del Tribunal Supremo en las que se han avalado tanto el decreto de restricciones de garantía de suministro, que es el nombre técnico del decreto del carbón, como los recortes del 10% que sufrió la retribución de las centrales de carbón en la aplicación de este decreto en 2012.
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