La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar como testigo al exconsejero de Abengoa Javier Benjumea en el caso que investiga a su hermano y expresidente de la energética sevillana, Felipe Benjumea, y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por presunta administración desleal.
Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido hoy acceso Efe, donde la magistrada acepta la petición de la acusación que ejerce la Plataforma de perjudicados por Abengoa y emplaza al que fuera consejero de la firma hasta la última junta de accionistas para el próximo 20 de julio a las 11:30 horas.
También acudirá ante la titular del juzgado central de Instrucción número 3 el abogado Ignacio Gómez Sancha, exsecretario del consejo de Inversión Corporativa -accionista mayoritario de Abengoa que agrupa las participaciones de los socios fundadores entre los que figura la propia familia Benjumea- entre 2013 y 2015.
Dichas citaciones se suman a las ya dictadas la pasada semana, cuando la juez emplazó para ese mismo día, siempre en calidad de testigos, al presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, y al directivo del HSBC Pablo López con el fin de esclarecer las polémicas indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones percibidas por Benjumea, y Sánchez Ortega tras su cese.
La causa contra Benjumea y Sánchez Ortega se inició el pasado mes de diciembre a partir de la querella de dos bonistas de la compañía por el cobro de unas indemnizaciones que, según los investigados, pretendían "asegurar su permanencia en el cargo".
Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que se enfrenta además a un supuesto uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en bolsa.
Actualmente, la multinacional española y sus acreedores, entre los que está el Banco Santander, ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso.
Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado 28 de marzo un tiempo adicional -que la normativa fija en siete meses- para presentar un plan de reestructuración definitivo de acuerdo con sus acreedores.
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