Dentro de unas semanas se conocerá, por fin, el tan esperado informe del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) sobre la viabilidad de ampliar la central nuclear de Santa María de Garoña.
Mientras se suman las apuestas sobre su reapertura o su desmantelamiento definitivo, Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola y propietaria de la central más antigua de España, ha incorporado en sus cuentas anuales 2015 la provisión de 106 millones de euros para un posible desmantelamiento más 14,8 millones de euros para atender a las prestaciones de sus 260 trabajadores, lo que ha disparado todas las alarmas sobre un cierre cercano. "Es cierto que Nuclenor tiene un desfase patrimonial, es algo obvio, es una central que no produce pero que tiene unos gastos de mantenimiento", señalan fuentes cercanas a las eléctricas, "pero la partida presupuestaria para un posible desmantelamiento es de siempre, porque todas las centrales nucleares tienen fecha de caducidad y deben prever ese coste".
Hasta ahora Nuclenor ha conseguido acumular 120 millones de euros, "ha llegado al tope necesario en caso de desmantelamiento", señalan las fuentes, "pero además ha tenido pérdidas durante 3 años que suman 150 millones de euros porque el sistema nuclear es muy garantista en España, las licencias se conceden durante diez años y durante ese tiempo hay que tener la central en mejores condiciones de las que estaba antes".
Sin embargo, la situación en la que se encuentra Garoña desde hace tres años es la de cese definitivo y predesmantelamiento, por lo que la empresa también ha tenido que asumir una serie de reformas durante este periodo, y además "al solicitar su ampliación, tiene que cumplir con las Instrucciones Técnicas Complementarias que el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido al respecto, incluso más aún, tras el accidente de Fukushima la UE ha aprobado medidas mucho más estrictas en seguridad nuclear", señala Carlos Bravo, experto en energía nuclear, "aunque básicamente no ha hecho nada ni ha invertido en mejoras sustanciales. Está claro que no cumple los mínimos".
Sin embargo, fuentes cercanas a las eléctricas no coinciden con esta afirmación: "Ya están hechas muchas de las reformas necesarias para poder solicitar la licencia, pero para qué se van a hacer más inversiones si no hay una política energética clara".
La posibilidad de que se reabra Garoña se presenta complicada y a nadie le queda duda de que es una cuestión política y económica. "Si el CSN aprueba un informe negativo, se cierra la central, pero si es positivo y el Gobierno dice que no, también se cierra la central, y si ambos lo aprueban, será la empresa, en este caso Endesa e Iberdrola quienes decidan si les interesa hacerlo", añaden. El problema está en que si una de las dos considera que no le es rentable invertir y la otra no está de acuerdo, "habría que ir a un arbitraje administrativo, lo que supondría retrasar aún más su posible apertura".
Y es que mientras se desvela la decisión del CSN, surgen dudas sobre la rentabilidad de las inversiones a realizar para poder cumplir con los requisitos En el año 2012, Nuclenor señalaba que el coste de volver a poner en marcha la central nuclear era de 150 millones de euros pero ahora, "con las medidas post-Fukushima, se deben incluir pruebas de resistencia ('stress test') que dispararían los costes", explica Carlos Bravo, "lo que superaría con creces el coste de cerrarla".
El proceso de desmantelamiento de la central está en el aire y la cuestión económica parece pesar más que la política.
Un análisis de Laura Ojea.
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