La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado su visto bueno con una amplia mayoria, aunque con un voto particular del consejero Carlos Aguilar, al anteproyecto de Ley del Gobierno por el que se reestablecerá la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que contará con las funciones de supervisión y decisión en la toma de participación de empresas estratégicas en el sector energético.
No obstante, en su informe, la CNMC, a partir de su experiencia como regulador energético en los últimos diez años y de los retos derivados de la evolución de los mercados energéticos, formula propuestas en materia de independencia, funciones, organización o coordinación con otras autoridades.
En el caso concreto de su financiación, el anteproyecto prevé que la CNE se nutrirá principalmente de las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, siendo su presupuesto de carácter limitativo y vinculante al nivel de especificación establecido por la legislación presupuestaria para los organismos autónomos. Sin embargo, la CNMC propone recuperar el sistema de financiación a través de tasas establecido para la extinta CNE.
Además, incluye mejoras en relación con la independencia de la CNE, para la que se propone una mayor capacidad de autoorganización, la mejora de su autonomía financiera y presupuestaria y su participación en los procesos normativos de atribución de nuevas funciones.
Asimismo, el organismo presidido por Cani Fernández recuerda la necesidad de elaborar un plan de transición, con la participación de todas las administraciones públicas implicadas, que garantice la puesta en funcionamiento sin dilación de la CNE y la continuidad sin ninguna limitación en el ejercicio de sus competencias por parte de la CNMC.
La nueva CNE, adscrita al Miteco
El pasado mes de febrero, el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley para la creación de la nueva CNE, que estará adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctricos, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables.
Según los plazos previstos en el anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.
En lo referente a su organización, el Consejo de administración de la CNE estará integrado por siete miembros con la condición de altos cargos: un presidente con rango de secretario de Estado, el vicepresidente y cinco consejeros. Así, el presidente de la CNE también lo será del consejo.
Tres direcciones
Asimismo, se articularán tres direcciones para la instrucción de expedientes relativos a las funciones a desempeñar en los mercados de la electricidad, el gas natural y del hidrógeno y de otros gases renovables, así como en relación con la toma de participaciones en el sector energético, en su caso. Estas serán las direcciones de Electricidad, de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles y de Inspección.
Junto al restablecimiento de la CNE se incluye la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (Fglseg), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para estos sectores.
El Gobierno justifica la creación de la CNE, que existió hasta 2013, cuando se decidió integrar por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en el 'superregulador' de la CNMC, en la necesidad de disponer en la emergencia climática y el proceso de transición ecológica de un regulador y supervisor de los mercados energéticos que añada la descarbonización de la economía española a los objetivos y funciones tradicionales de velar por la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado desde la eficiencia económica.
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