La factura de la luz asciende a una media de 80 euros, el agosto más caro desde 2022

La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se ha situado en el último mes en los 80,71 euros en el agosto más caro desde 2022, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que señala que ha subido un 3,2 % con respecto a los 78,21 euros de hace un año.

En un comunicado, Facua ha informado de que en los últimos años, la factura del usuario medio del mes de agosto fue de 78,21 euros en 2024, de 73,21 euros en 2023, de 158,30 euros en 2022, de 93,10 euros en 2021 y de 63,77 euros en 2020.

En cuanto a la evolución mensual, el recibo ha bajado ligeramente: 51 céntimos, apenas un 0,6% menos, con respecto a los 81,22 euros de julio, el mes con la factura más elevada desde el pasado febrero, cuando se situó en los 95,70 euros para el usuario medio, con lo que un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

Desde enero, el kW de potencia contratada está en 14,14 euros al mes (suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización), y este mes de agosto, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 24,36 céntimos en horario punta, 15,85 céntimos en el llano y 15,57 céntimos en el valle.

Así, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto del año pasado un 4,1% en punta y un 4,4% en valle, y ha bajado un 9,7% en llano.

La factura de la luz

Facua ofrece los datos con el 27,19% de impuestos indirectos incluidos, e indica que el IVA de la electricidad volvió en enero al 21% y el impuesto especial sobre la electricidad al 5,11% en julio del año pasado.

La organización viene reivindicando modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada.

Así, la asociación reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo.

De esta forma se evitarían "los denominados beneficios caídos del cielo" de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora.