La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción por la aprobación de real decreto-ley para impulsar las renovables, aunque echa en falta una política fiscal activa para promoverlas, que hubiera modificado normas restrictivas para la movilización de recursos y que contemplara actuaciones para favorecer la rehabilitación y autoconsumo.
En un comunicado, la Fundación también ha celebrado que vaya a haber subastas de renovables en el segundo semestre del año, aunque cree que tiene que haber un calendario explícito y una exigencia de madurez administrativa de los proyectos presentados.
Pese a que la Fundación Renovables celebra que se adopten medidas para que no se especule con los permisos para acceso y conexión, no entiende que el real decreto-ley otorgue a titulares de permisos obtenidos hace siete años y cuyo proyecto no tienen una madurez administrativa contrastable unos plazos para acreditar hitos que dilaten la disponibilidad real de conexión.
En opinión de la Fundación, si no tienen un avance administrativo deberían perder el permiso o, al menos, darles un periodo de tiempo más reducido.
Por eso, esta organización dice que echa en falta medidas específicas que dificulten los procesos especulativos generados, como la introducción de limitaciones a las transacciones que se hacen con esos permisos.
Según el real decreto-ley, el porcentaje de inversión anual en la red de transporte asciende de 0,065 % al 0,075 % del Producto Interior Bruto (PIB) de España durante cada uno de los años del trienio 2020-2022, mientras que el límite en la red de distribución se eleva del 0,13 % al 0,14 % con base en la tarifa eléctrica de todos los consumidores.
En opinión de la Fundación Renovables, ésto supone insistir en el modelo concesional a los propietarios de las redes, sin que se incida en que el esfuerzo sea para avanzar en la digitalización del sistema.
Añade que sin ello sólo se aumenta la rentabilidad por inversión y no se lleva a cabo una política efectiva y coherente de pago por uso que beneficie al consumidor.
También dice que no entiende que el Gobierno no use la política fiscal para promover iniciativas y gravar el consumo de combustibles, y que la única medida en el ámbito de la fiscalidad sea la libertad de amortización en actividades de innovación y mejora tecnológica en la industria de automoción, por lo que pide que se extienda a otras actividades industriales relacionadas con la sostenibilidad.
La Fundación critica que sólo se haya modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 para permitir a las entidades locales destinar en 2020 el 7 % del saldo positivo de 2019 a financiar exclusivamente gastos en vehículos eléctricos o puntos de recarga, y pide que se pueda destinar también a proyectos de rehabilitación, eficiencia energética o autoconsumo.
También echa en falta objetivos en autoconsumo, el anuncio de los coeficientes dinámicos y el autoconsumo compartido.
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