Se acerca el 9N. El domingo es el día escogido por Artur Mas para intentar hacer una especie de consulta sobre el independentismo en Cataluña, que el Tribunal Constitucional ha prohibido tras la impugnación del Gobierno. El enfrentamiento político entre Mariano Rajoy y Artur Mas por esta consulta ha sido de tal calibre que Cataluña y La Moncloa ya no se pueden ni ver.
No solo es una cuestión territorial. Al final, la batalla se ha elevado a todos los ámbitos de la política. La Generalitat y el Gobierno se han tirado los trastos por todo, y en materia energética no iba a ser menos.
En los últimos meses hemos visto como el Gobierno de Artur Mas ha impugnado varias leyes propuestas por el Gobierno, y viceversa. Los recursos judiciales han ido en ambas direcciones. Que si esto no me gusta, pues lo recurro, y así sin parar.
De esta manera, la Generalitat ha interpuesto en instancias judiciales un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del sector eléctrico, presentó un conflicto positivo de competencia contra el real decreto que regula la retribución de la distribución de energía eléctrica y también impugnó la llamada orden de interrumpibilidad.
Además, esta semana se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de renovables, cogeneración y residuos. En opinión de la Generalitat, el Gobierno invade sus competencias.
Hace pocos días, el Govern catalán también decidió impugnar la indemnización por el almacén de gas Castor. Elevó un recurso de inconstitucionalidad porque no le parece justo que sea el consumidor el que pague la indemnización cuando el fallo ha sido el de una empresa, Escal, filial de ACS.
La Generalitat cree que no se llevaron a cabo los estudios sísmicos necesarios y que el precio final del proyecto multiplicó por tres el inicial.
Por su parte, el Gobierno ha impugnado dos normas que han acarreado polémica. Por un lado, Rajoy ha interpuesto un recurso contra la ley antifracking de Cataluña. Moncloa aclara que es competencia del Estado decidir si se debe perforar bajo esta tecnología. No es el primero que interpone y que incluso gana el Gobierno contra otras autonomías en este asunto: Cantabria, La Rioja y Navarra.
Por otro lado, el Gobierno ha recurrido una ley de consumo catalana en la que se impedía a las eléctricas a cortar el suministro de luz y gas a las familias más vulnerables en caso de impago. Esta impugnación ha tocado el alma de los catalanes y ha enfadado mucho al Govern. Querer echar para atrás una norma que intenta luchar contra la pobreza energética no ha sido entendida por la mayoría.
Otro caso, el de la tasa nuclear. No desde Madrid pero sí desde el PP de Cataluña se consiguió echar para atrás el impuesto a las nucleares de Cataluña. Aun así, la Generalitat gravará el uso de combustible nuclear tras el rechazo del impuesto a la producción.
En definitiva, una continúa guerra jurídica para ver quien tiene la razón, y todo derivado por culpa del enfrentamiento por la consulta del 9N.
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